El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves, con el voto del PP y de su socio electoral de Unión del Pueblo Navarro (UPN), la abstención de Foro Asturias (FAC) y el rechazo del resto de la oposición, el decreto ley con el que el Gobierno hiberna el almacenamiento subterráneo de gas Castor y autoriza el pago de una indemnización de 1.350 millones a la empresa promotora Escal UGS.
La medida del Ejecutivo implica la prohibición de realizar cualquier extracción o inyección de gas natural en el almacenamiento, cuya concesión a Escal queda ahora extinguida al haber aceptado el Gobierno la renuncia al proyecto presentada por los promotores.
A cambio, se indemnizará a la empresa con 1.350 millones de euros por las inversiones realizadas, importe que asumirá en un primer momento Enagás y que se irá repercutiendo durante 30 años a partir de 2016 en la tarifa de gas que pagan los consumidores.
De este modo se pretende dar solución a la situación de ‘impasse’ causada por los seísmos detectados en la zona hace un año, y que ya motivaron la suspensión de la explotación de las instalaciones.
De momento, Enagás Transporte se hará cargo de la administración del almacenamiento subterráneo, cuya reapertura o desmantelamiento podrá ser decidida por el Consejo de Ministros en el futuro en función de lo que aconsejen los informes técnicos.
HACE FALTA UNA QUITA
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha asegurado durante su defensa del decreto que el pago de la indemnización no exime a la empresa y sus accionistas de cualquier tipo de responsabilidad que pudiera determinarse en el futuro por el fracaso del proyecto, que ahora se someterá a una serie de estudios para poder decidir si se desmantela definitivamente o si se vuelve a activar.
Sin embargo, las palabras del ministro no han convencido a los grupos de la oposición, que han votado en contra de un decreto que supone volver a socializar las pérdidas de un proyecto fallido sin si quiera negociar una posible quita sobre la indemnización o un reparto «más equilibrado» de la responsabilidad entre los consumidores y la empresa, o incluso el propio Estado a través de los Presupuestos.
De hecho, varias formaciones como el PSOE y CiU habían solicitado la tramitación del texto como proyecto de ley para poder incluir enmiendas –relativas, por ejemplo, a las indemnizaciones a los afectados por los seísmos que causó la inyección del gas colchón y que, a la postre, motivaron la paralización de su actividad–, pero el PP, UPN y FAC se han opuesto también a esa posibilidad. Otros partidos como UPyD no descartan emprender acciones legales e incluso llevar el asunto a instancias europeas.
MENOS COSTE FINANCIERO
Y es que el coste anual para el sistema gasista asociado a Castor será de unos 100 millones de euros anuales a partir de 2017, por debajo de los 210 millones previstos inicialmente gracias, dice el Gobierno, a la decisión de prorratear el pago en 30 años en lugar de 20.
Además, se ha reducido el coste financiero de la operación del 8,7% al 4,2%, ya que en un primer momento se partía de una referencia del coste de los bonos del Estado a 10 años más 350 puntos básicos mientras que finalmente se ha fijado un tipo de interés fijo del 4,267% en términos anuales.
Asimismo, habrá un periodo de carencia en el inicio de los pagos, que no comenzarán hasta el año 2016, y se ha eliminado un punto en el régimen anterior por el que el valor neto de la inversión incrementaba los importes pendientes de amortización mediante una tasa anual del 2,5%.
También se eliminan los costes de extensión de la vida útil y, al hibernarse la instalación, se reducen unos 11 millones los costes para el sistema gracias a la reducción significativa de costes de operación y mantenimiento.
El valor total de la inversión de Castor asciende a 1.461 millones de euros. Escal UGS, participada en un 66% por ACS, recibirá 1.350 millones, ya que es necesario descontar la retribución provisional ya abonada, de 110 millones.