Denuncia la orden emitida contra un defensor palestino de los Derechos Humanos residente en Jerusalén
. El Gobierno español es contrario a las órdenes de deportación que de vez en cuando Israel emite contra palestinos residentes en los Territorios Ocupados (Cisjordania y Jerusalén Este) y así se lo ha hecho saber.
En una respuesta parlamentaria al diputado de IU Joan Josep Nuet, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica, a petición de Nuet, las gestiones llevadas a cabo para impedir la deportación de defensores palestinos de los Derechos Humanos de los Territorios Ocupados, como Daoud Al-Ghoul, coordinador juvenil de la ONG Health Work Comittees, que se ha beneficiado de fondos de la cooperación española.
Después de que Al-Ghoul denunciara en el Parlamento Europeo a finales de 2014 las condiciones a las que Israel somete a la población palestina en Jerusalén Este, recibió dos órdenes de deportación. La primera le ordenaba abandonar Jerusalén Este y la segunda, le impide quedarse en Cisjordania.
Así, Al-Ghoul se enfrenta a un «dilema de imposible solución», denuncia Nuet. «Si acata la orden y sale de Palestina, no existe ninguna garantía de que Israel le deje volver algún día a su país. Si opta por quedarse en Palestina, corre el riesgo de ser detenido por el Ejército israelí y encarcelado por un periodo indeterminado, sin más cargo que el de no haber acatado una orden arbitraria e ilegal bajo el derecho internacional», añade.
Y es que Al-Ghoul, como el resto de la población palestina que vive en Jerusalén, ha tenido que demostrar periódicamente que Jerusalén es su centro de vida mediante soporte documental, bajo la amenaza de perder para siempre su residencia permanente. Desde 1967, se calcula que más de 15.000 permisos de residencia de palestinos de Jerusalén han sido revocados, expone Nuet en su pregunta al Gobierno.
PROHIBICIÓN DE LA CONVENCIÓN DE GINEBRA
En su respuesta, el Ejecutivo señala que este tipo de deportaciones «amenazan con añadir más tensión a una situación ya de por sí tensa en Jerusalén» y recuerda que el artículo 49 de la IV Convención de Ginebra «prohíbe las deportaciones de la población de territorios ocupados».
Por eso, España y el resto de Estados miembros de la UE consensuaron una declaración de la UE el pasado 19 de diciembre de 2014 en el que expresaban la preocupación de las Misiones de la UE en Jerusalén y Ramala por la deportación de Al-Ghoul y de otros cuatro palestinos.
El «pleno respeto» al derecho internacional humanitario en los Territorios Ocupados, incluyendo Jerusalén Este, «constituye uno de los parámetros de referencia de la posición» de España respecto al proceso de paz en Oriente Próximo e inspira su postura tanto en el ámbito de la Unión Europea como en el de Naciones Unidas, concluye el Gobierno.