Dice que las sentencias dictadas son «absolutamente claras respecto a la imposibilidad de la candidatura propuesta hasta 2021»
. El delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, advierte del «desafío legal y moral» que supone la candidatura a lehendakari de Arnaldo Otegi y espera «una respuesta adecuada del Estado de Derecho», pero, sobre todo, «una reacción social que hiciera insostenible para Bildu mantener la candidatura que acaban de presentar».
En una entrada en su ‘blog’ personal, Urquijo señala que
«EH Bildu acaba de proponer a sus bases la designación de Arnaldo Otegi como candidato a lehendakari para las elecciones autonómicas previstas para este año, siendo plenamente conscientes del desafío legal, y sobre todo moral, que supone presentar como su mejor opción para dirigir nuestro gobierno a una persona que fue condenada por secuestrar a un directivo de la empresa Michelin de Vitoria en 1979 y que acaba de salir de prisión tras cumplir condena por pertenencia a organización terrorista en grado de dirigente».
Tras considerar que el «desafío legal es evidente», recuerda que la sentencia de la sección cuarta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de 16 de septiembre de 2011 «le condenó, además de a la pena de diez años de prisión, a diez años de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años».
Asimismo, indica que el Tribunal Supremo, el 7 de mayo de 2012, «dictaminó en el recurso de casación presentado por Otegi que, si bien la pena de prisión se reducía de diez a seis años y medio, se mantenían los demás pronunciamientos». Por tanto, advierte, «resulta evidente que hasta el mes de septiembre de 2021 Arnaldo Otegi no puede ser candidato en ninguna elección ni ser elegido cargo público».
Según Urquijo, «una de las bazas de Bildu para tratar de obtener mejores resultados será la de presentarse como víctimas, algo que han hecho siempre y que sorprendentemente les ha dado resultado en ocasiones, víctimas de un sistema que, además de haber encerrado injustamente en prisión a un hombre de paz, pretende, además, ahora, una vez cumplida su pena, anular su apuesta política para conseguir un País Vasco independiente y de progreso».
El delegado del Gobierno afirma que «el desafío legal está en marcha», y, ante la decisión que finalmente determinará la Junta Electoral Central o el Tribunal Supremo en relación con los recursos que serán presentados, considera que «las sentencias dictadas son absolutamente claras respecto a la imposibilidad de la candidatura propuesta hasta septiembre de 2021».
«DESAFÍO MORAL»
Por otro lado, advierte del «desafío moral, el más preocupante, que supone la apuesta de Bildu» y recuerda que, «hoy, por fin y tras tantos años de corrupción generalizada, todos los partidos políticos sin excepción han convenido que ningún afiliado o simpatizante manchado con delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, fraude etc. puede representarnos».
En ese sentido, subraya que «la mera condición de investigado, sin abrirse siquiera juicio oral, supone la exclusión y el apartamiento del partido y no digamos de una candidatura». A su juicio, «esta voluntad de terminar con esta lacra que ha supuesto una desafección brutal con la política y los políticos es una condición sine qua non para tratar de recuperar la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático, pero no es suficiente».
«¿Por qué apenas nadie se escandaliza por el hecho de que un secuestrador pueda llegar a ser Lehendakari en el País Vasco? ¿Por qué en los informativos, las redes sociales o en las tertulias no se considera inadmisible que un dirigente de una banda terrorista pretenda representarnos en las instituciones? ¿Qué tipo de sociedad narcotizada frente al terror se ha ido construyendo para no poner el grito en el cielo ante esta provocación?», se pregunta.
Urquijo comprende y comparte «la repugnancia y el hastío ante tantas conductas bochornosas que deben ser castigadas y excluidas», pero asegura no comprender «el silencio, cuando no el aplauso, al conocerse la pretensión del brazo político de una banda terrorista por ofrecernos el liderazgo político de uno de sus miembros».
«Menos aun comparto el hecho de que aquellos que osen cuestionar esta decisión sean calificados como reaccionarios o antidemócratas aunque soy consciente de que, obviamente, estamos pagando la factura que dejan más de cuarenta años de terror», añade.