El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a abordar un Pacto Nacional por la Educación en seis meses, y a suspender los efectos académicos de las pruebas finales de ESO y Bachillerato hasta que se alcance el acuerdo. De esta forma, pretende dar cumplimiento al acuerdo alcanzado con Ciudadanos. Sin embargo, el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ya le advirtió este sábado durante el debate en el Congreso que precedió a la segunda votación de investidura, que su anuncio no es suficiente y que debe derogar las ‘revalidas’ de inmediato.
Pese a que, como los socialistas, la mayor parte de los grupos parlamentarios son partidarios de la derogación de la LOMCE y de aprobar una nueva ley en base al pacto, el líder del Ejecutivo subrayó durante su discurso de investidura que se harán modificaciones pero que en ningún caso se cambiará la normativa actual, cuya implantación finaliza este curso, por otra nueva.
En todo caso, el todavía ministro en funciones de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha dado los primeros pasos hacia este posible pacto tras reunirse con las principales organizaciones de la comunidad educativa –sindicatos, organizaciones de padres, de profesores, patronales, estudiantes– durante los meses de septiembre y octubre. La mayoría de sus representantes se mostraron escépticos tras la propuesta del titular de Educación.
El Ejecutivo tiene que aprobar de manera inmediata, en base a ese pacto de investidura con Ciudadanos un decreto que modifique el calendario de aplicación de la LOMCE para suspender los efectos académicos de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato, conocidas como ‘reválidas’ hasta que se alcance el pacto educativo.
Aunque la ley y el decreto que regulan estas pruebas prevén que este curso no sean necesarias para obtener el título de ambas etapas y, en el caso de la de la ESO, no impidan a los que la suspendan pasar a Bachillerato o a FP de grado medio, el Ministerio de Educación quiere con esta norma que sigan sin tener consecuencias académicas en los siguientes si no se ha alcanzado el consenso en Educación.
Otra de las cuestiones que tendrá que regular por el trámite de urgencia es la orden ministerial que establece las características de estas evaluaciones, que en el caso de Bachillerato es especialmente necesaria porque es la que va a sustituir este curso a la antigua PAU (Selectividad). Los alumnos de 2º de Bachillerato todavía no saben en qué van a consistir exactamente estas pruebas para acceder a la Universidad, dos meses después del arranque del curso académico.
El ministerio acordó con los rectores que la nueva evaluación fuera lo más parecida posible a la PAU para mantener el llamado ‘distrito único’, el que permite que los alumnos puedan acceder a cualquiera de las universidades españolas sin tener que someterse a procesos de selección en cada campus.
Otra de los objetivos de la Legislatura en materia educativa tiene que ver con la reducción de la tasa de abandono escolar temprano –jóvenes entre 18 y 24 años que no han acabado la educación obligatoria–. La Unión Europea ha fijado para España bajar al 15% en 2020. En la pasada Legislatura, el descenso fue de seis puntos.