Investigación relacionada con la externalización de servicios del coliseo que provocó sobrecostes
. El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado un auto por el que procesa a la exintendente del Palau de Les Arts, Helga Schimdt, al que fuera director financiero Ernesto Moreno y tres empresarios por prevaricación, malversación y falsedad, dentro del conocido como caso Palau, donde se ha investigado externalización de servicios con pago de sobrecostes que implicaron un perjuicio a las arcas públicas.
Los tres empresarios procesados son: el presidente del consejo de administración de Patrocini –empresa vinculada al Palau y dedicada a captar patrocinadores–, José Antonio Noguera Puchol; el consejero delegado de esta firma, Joaquín Maldonado, y el excónsul de Francia en Valencia y administrador de la sociedad Radcliffe –mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones–, Pablo Broseta.
El magistrado de refuerzo, a través de un auto de procedimiento abreviado, ha dado así por concluida la investigación y da traslado al fiscal para que, en el plazo de diez días, solicite el sobreseimiento, la práctica de nuevas diligencias o la apertura de juicio oral. De pronunciarse por este último supuesto, el ministerio público deberá presentar su escrito de acusación en el que concretará los hechos que imputa a cada uno de los procesados, los delitos de los que les cree responsables y la pena que solicita para ellos.
Según el instructor, los investigados presuntamente participaron de forma activa en la contratación y gestión fraudulenta objeto de esta causa en la que se investiga el pago de servicios con un «sobrecoste carente de justificación», que supone «un correlativo perjuicio a los fondos públicos».
IRREGULARIDADES POR IMCOMPATIBILIDAD DE CARGO
El magistrado explica que en 2007 el Palau de les Arts decidió externalizar la actividad de captación de patrocinadores, lo que se materializó con un contrato en abril de 2008, a través de Patrocini de Les Arts, firma en la que se mantuvo a Helga Schimdt en el cargo de consejera hasta 2009, a pesar de la «incompatibilidad» del desempeño del cargo de Intendente con toda actividad privada. Además, apunta que supone una «flagrante vulneración» de la cláusula de contrato de alta dirección suscrito por ella. En septiembre de 2009 se formalizó un nuevo contrato con la misma empresa.
En ambos casos, según el juez, no se siguieron los trámites esenciales de la contratación administrativa y se eludió la publicidad, concurrencia y transparencia de los procesos que debe garantizar la normativa y recalca que Schimdt figuraba simultáneamente como representante de la adjudicadora (Palau de Les Arts) y adjudicataria (Patrocini), con lo que vulneraba la prohibición para contratar.
Además de estas «irregularidades», el magistrado resalta que en la primera temporada de contrato, Patrocini incorporó tres patrocinadores pero se dieron de baja 14, con lo que las cuentas anuales pasaron de 4.353.073 euros en 2008 a 3.329.952 en 2009. En la temporada siguiente, con el nuevo contrato, aparecen nuevos patrocinadores pero el importe percibido por el Palau por este concepto pasó de 3.329.951 a 2.864.149.
SIN INFRAESTRUCTURA DE PERSONAL Y MATERIAL
El juez instructor subraya que, a todo ello, se une la circunstancia de que Patrocini carecía de infraestructura de personal y material acorde a sus objetivos y el hecho de que no tenía dado de alta ningún trabajador hasta junio de 2008 y luego únicamente dos, uno de ellos, hermana precisamente de Joaquín Maldonado.
A Patrocini, según el primer contrato, le correspondería el 10 por ciento de la aportación de cada patrocinador que lograra (130.000 euros en la temporada 2008/2009), mientras que con el segundo contrato, se aumentó ese porcentaje al 30% en los primeros contratos de patrocinio y un 10% en los nuevos patrocinadores que ya lo fueran o prórrogas (49.500 euros más otros 324.433 por cada concepto).
En definitiva, por ambas temporadas, lograría 521.933 euros y otros 286.322 más por 2001, hasta sumar 808.255 euros por sus servicios, una cantidad «carente de toda justificación y que genera un evidente perjuicio a los fondos públicos» dado que no se apreció ningún efecto positivo en la gestión de Patrocini, con reducción en número de patrocinadores y las aportaciones totales percibidas por el Palau.
No obstante, según el juez, solo consta en las actuaciones el pago de la suma total de 42.040 euros, que es la única cantidad que aparece documentada por facturas.
VIVA EUROPA
El magistrado también analiza la realización de las distintas ediciones de Viva Europa mediante contratos con Schimdt y el director financiero del Palau y Patrocini. En el de 2009, considera que pese a que esa sociedad carecía de infraestructura personal y material, se contrató con ella la celebración del evento por 300.000 euros, una cantidad «carente de justificación» ya que sostiene que el Palau de les Arts no estaría obligado a abonar todos y cada uno de los costes de organización del evento sino únicamente los relacionados con el objeto del contrato, que era la proyección en directo de la ópera ‘Die Walküre’. En este caso, cifra el sobrecoste en 248.222 euros, que sería imputable a los investigados.
En Viva Europe 2010, cifra en 21.440 euros el sobrecoste; en 2011, de 70.800 mientras que en 2012, la representación de ‘Il Trobatore’ no se llevó a cabo por inseguridad en su retransmisión y en 2013 la Comisión ejecutiva del Palau no dio su aprobación al inicio del expediente. El magistrado señala que en estos casos se asumen las irregularidades detectadas en el Informe definItivo de control financiero sobre expedientes de contratación y patrocinio de la Fundación.
CONTRATACIÓN CON RADCLIFFE
Respecto a la contratación con Radcliffe&Asociados se formalizaron dos contratos en mayo y septiembre de 2008 para comunicación. En este caso, solo consta en las actuaciones tres facturas remitidas al Palau por 90.107, 6.920 y 37.120 euros que recogen trabajos de impresión, diseño y maquetación que al parecer fueron pedidos por el Palau a La Imprenta, una entidad que fue quien envió el presupuesto. Por lo tanto, se trata de facturas que documentan servicios prestados por terceros, por importe de 134.148 euros.
En este caso, según el magistrado, son trabajos que «se dice realizados pero que solo vienen documentados con un mero presupuesto, sin albarán ni nota de entrega correspondientes». Radcliffe declaró ventas al Palau entre 2008 y 2009 por un total de 921.119 euros, por lo que no se habría justificado 786.971 euros. En todo caso, si se estimara suficiente como acreditación los presupuestos, este sobrecoste sin justificación abonado por el coliseo a la empresa de Broseta alcanzaría los 294.419 euros.
El magistrado sostiene que el importe declarado como compras a La Imprenta debería coincidir con el declarado como ventas al Palau o existir entre ambos importes el porcentaje usualmente establecido en los beneficios del comercio, sobre un 15%. Sin embargo, las diferencias entre compras por 226.078 euros y ventas por 383.219, dejaría para Radcliffe un beneficio del 69,5% (157.150 euros).