Sigue rechazando de plano el dragado y señala que es «altamente improbable» que uno de los subproyectos de gas pueda ser autorizado.
El Gobierno central ha remitido al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco un informe en respuesta al requerimiento que este organismo le hizo en la XXXIX sesión del organismo, celebrada en 2015 en Bonn (Alemania), y con vistas a la XLI sesión, que acogerá Cracovia (Polonia) del 2 al 12 de julio, en el que expresa su «firme» convicción de poder evitar cualquier hipotético deterioro en el valor universal y excepcional del Parque Nacional de Doñana.
Con este informe, consultado por Europa Press, el Estado hace un repaso por el estado de conservación de este bien, declarado Patrimonio de la Humanidad, ante la latente posibilidad de que el mismo pueda ser declarado en peligro como consecuencia de las amenazas que se ciernen sobre el mismo, y que la propia Unesco ha concretado en proyectos como el dragado de profundidad del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla, la explotación y almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana, la reapertura de las minas de Aznalcóllar (Sevilla) o la problemática de los regadíos en la corona Norte forestal.
A este respecto, el Gobierno –que también aporta una serie de documentación anexa, relativa a la situación del parque, que eleva el informe a más de mil folios– recuerda que la protección de Doñana se ha reforzado con un planeamiento relativo a la red de parques nacionales «más exigente», de acuerdo con la nueva Ley de Parques Nacionales de 2014, así como con la ampliación en casi 14.500 hectáreas del espacio por parte de la Junta de Andalucía.
Los hábitats del parque, manifiesta la administración central, mantienen un estado de conservación «favorable». Cualquier calificación por debajo de ésta solo puede aplicarse a las zonas ribereñas localizadas fuera del propio parque, según el informe, que asimismo hace hincapié en que los valores ornitológicos que llevaron a la inclusión de Doñana en la Lista de Patrimonio Mundial siguen siendo «excepcionales», con una media de más de medio millón de especies acuáticas hibernantes y la permanencia de hábitats de reproducción para al menos siete especies en peligro de extinción.
El Estado se refiere asimismo a la estable situación de especies como el águila imperial o el lince ibérico, del cual destaca que los «esfuerzos» invertidos en su conservación han conseguido sacar a este animal de la lista en peligro crítico de extinción, permitiéndole afrontar el futuro con mayores garantías de supervivencia.
«NO HAY PROYECTO MINERO» EN AZNALCÓLLAR
En cuanto a amenazas concretas, el Gobierno confirma que el dragado «no ha sido autorizado ni implementado» y que, en vista de las conclusiones del comité científico, los motivos aducidos en su resolución por el Tribunal Supremo, la postura del Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco y la evaluación de la dirección del parque y los órganos de participación, «no se permitirá que el proyecto siga adelante».
En lo relativo a la iniciativa de Gas Natural, el informe incide en que sólo dos de los cuatro subproyectos –fuera del bien natural– tienen evaluación y autorización ambiental, y que sólo uno de estos tiene el permiso para ser llevado a cabo. Enfatiza aquí el Estado que todos los proyectos están sujetos a un procedimiento de evaluación y autorización, de acuerdo con la legislación española y europea, para cubrir todos los aspectos e impactos potenciales y que, en el momento en que un proyecto no consiga una evaluación positiva, no podrá ser desarrollado.
Éste, incide, ha sido el caso de Marismas Oriental, para el cual la Autorización Ambiental Unificada (AAU) fue rechazada en 2015. En este sentido, el Ejecutivo estatal señala que es «altamente improbable» que este subproyecto pueda ser autorizado.
En cuanto a Aznalcóllar, el Gobierno recalca que hasta la fecha «no existe proyecto minero» y que, en el caso de que se presente alguno, y tal y como requiere la ley, será objeto de un «exhaustivo» proceso de evaluación y conformidad ambiental.
Por último, el informe señala, en relación al plan especial de regadíos, que el mismo ha sido ambientalmente aprobado y que se desarrolla de manera «seria, coordinada, gradual y ajustada», habiendo permitido el mismo el reemplazo de los recursos hídricos subterráneos (4,99 hectómetros cúbicos) y el cierre de 246 pozos.