El Pleno del Congreso debate este jueves los recursos de Unidos Podemos para evitar la ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA) por considerar que contiene preceptos contrarios a la Constitución que suponen una violación de la Carta Magna.
Así, el orden del día del Pleno del jueves señala dos puntos promovidos por Unidos Podemos, que se debatirán conjuntamente: uno, el debate de totalidad del tratado, para que no se autorice al Gobierno a suscribirlo, y otro, la propuesta del requerimiento de constitucionalidad del mismo.
El primero de ellos responde a la enmienda a la totalidad registrada por el grupo confederal, por considerar que el CETA viola la Constitución y supone «cesiones notables en materia de soberanía popular».
Según denuncia este grupo parlamentario en su enmienda de totalidad, recogida por Europa Press, los capítulos 8 y 26 del CETA «violan en grado sumo preceptos fundamentales del orden constitucional establecido» además de las cesiones de soberanía popular mencionadas anteriormente.
Estos capítulos se refieren a las inversiones –donde se eliminan límites de capital extranjero y requisitos de funcionamiento, entre otras medidas– y a la forma administrativa en la que se aplicará el CETA, a través de la creación de comités mixtos y especializados.
PODEMOS QUIERE QUE EL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIE
En el mismo debate el Congreso también verá la propuesta de requerimiento de constitucionalidad registrada por Unidos Podemos, con el objeto de que el Tribunal Constitucional analice si el tratado entra en contradicción con artículos de la Carta Magna. A principios de abril, Unidos Podemos solicitó a la Cámara Baja que se paralizara la tramitación de este tratado hasta que se pronunciase el Alto Tribunal.
La petición de Podemos se basa en el artículo 95 de la Constitución que establece que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional y que la pueden solicitar el Gobierno, el Congreso o el Senado.
Este tratado fue ratificado por el Parlamento Europeo el pasado mes de febrero, lo que dio luz verde a su entrada en vigor de forma provisional. En todo caso, esta no será definitiva hasta que los parlamentos nacionales y regiones competentes –casi 40 cámaras– ratifiquen el acuerdo.