El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles definitivamente los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el trienio 2018-2020 que acompañan al límite de gasto no financiero para 2018, conocido como techo de gasto, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, y que conllevará la rebaja del IRPF para las rentas más bajas pactada con Ciudadanos, además de suponer el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año.
El acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para 2018-2020 ha recibido 158 votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV, UPN, Foro Asturias, Coaliación Canaria y la abstención de Nueva Canarias, frente a 95 en contra de PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT, Compromís y EH Bildu.
Ayer en el Congreso consiguieron 175 votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN, y una abstención de Nueva Canarias, frente a los 173 votos en contra del resto de partidos, incluido el PSOE, a pesar de que en diciembre respaldó los objetivos de estabilidad para los Presupuestos de 2017.
Con los objetivos de estabilidad y deuda y el techo de gasto ya aprobados, el Gobierno iniciará ahora la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 que aprobará a finales de septiembre.
Durante su intervención en el debate, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que es «alcanzable» salir «definitivamente» de la crisis esta legislatura y ha avanzado que en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 contemplarán un incremento de los anticipos a cuenta de las comunidades autónomas «muy por encima» de los 4.500 o 4.700 millones de euros sobre la financiación de este año.
CRITICAS DE LA OPOSICIÓN
Por su parte, el diputado del PSOE, Juan María Vázquez, ha cuestionado la continuidad del ministro después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal de 2012, en tanto que su compañera Ana María Pérez ha mostrado su rechazo a las vías utilizadas para conseguir la reducción del déficit que pasan por reducir el gasto social y productivo, ya que llevan «cinco años ajustando» y el Gobierno quiere un modelo de sociedad con un «Estado de bienestar mínimo».
Pérez ha criticado que el gasto no vaya a aumentar un 2,4%, lo que significará «seguir recortando», al tiempo que ha criticado también la rebaja del IRPF prevista pro el Gobierno en vez de acometer una reforma «en profundidad».
Asimismo, el senador de Podemos, Ferran Martínez, ha cuestionado también la rebaja del IRPF que aprobará el Gobierno y ha planteado la necesidad de darle la vuelta a la «lógica» del techo de gasto y sustituirla por un suelo de ingresos, al situarse ocho puntos por debajo de la media europea.
De su lado, el senador de Ciudadanos, Francisco Javier Alegre, ha explicado que el apoyo de la formación ‘naranja’ a los Presupuestos de 2017 y los objetivos es porque son «creíbles», ya que los números de recaudación son «alentadores», si bien ha pedido seguir acometiendo reformas que «mejoren la vida de la gente».
De igual forma, la diputada del PNV, María Dolores Etxano, ha mostrado su apoyo a los objetivos para alcanzar un «clima de bilateralidad y coordialidad» en aras de conseguir una aplicación normativa «más racional», tras años en los que se ha repartido de manera «injusta» unos objetivos de déficit simétricos sin tener en cuenta la situación económica y presupuestaria de cada comunidad, por lo que ha pedido un déficit «diferenciado».
Mientras, el senador de PDeCAT, Josep Lluis Cleries, ha criticado que se otorgue un 82% de la gestión de los objetivos de déficit al Estado y solo se deje un 18% para las CCAA, cuando el 75% de su gasto se corresponde a políticas sociales.
Cleries ha denunciado que no se cumple la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que fijaba una «protección» para que las CCAA no fueran «castigadas» y ha recordado que a las CCAA les correspondería un objetivo de déficit superior al 0,8% según esa norma.
Joaquím Ayats de ERC ha indicado que el 1 de octubre votará un «sí rotundo» al referéndum en Cataluña, pero no al techo de gasto porque supone una distribución del déficit «injusta» y «no proporcional al esfuerzo de cada administración», así como por el no cumplimiento de los compromisos y la distribución simétrica del déficit.
Igualmente, el senador de Compromís, Carles Mulet, que ha pedido un déficit autonómico «asimétrico», también ha rechazado el techo de gasto y los objetivos de estabilidad y deuda porque suponen «repartir pobreza» y ha criticado la rebaja del IPRF pactada por el Gobierno y Ciudadanos porque no satisface «mucho» al 40% de la población que cobra el SMI, por lo que ha reclamado políticas para sacar a esa parte del umbral de la pobreza.
RESPALDO DE LOS SOCIOS DE INVESTIDURA
En cambio, desde UPN, Francisco Javier Yangüas, ha mostrado su apoyo a los objetivos porque da «estabilidad» y permitirá seguir acometiendo proyectos de «futuro» en Navarra, al tiempo que desde Foro Asturias, Rosa María Domínguez, lo ha respaldado también por ir encaminado a la reducción del déficit y la creación de empleo.
También desde Coalición Canarias, María del Mar del Pino Julios, ha mostrado el apoyo de su formación al techo de gasto tras el compromiso de Montoro de poder destinar el superávit de las CCAA «cumplidoras» a inversiones financieramente sostenibles. «No puede ser que dé igual cumplir que no cumplir», ha indicado.
Por último, el senador del PP, Juan Antonio de las Heras, ha defendido que los objetivos y el proyecto planteado en el plan de estabilidad supondrán garantizar unos años de crecimiento económico y de empleo, dejando atrás la «triple d» de los socialista, basada en «deuda desorbitada, déficit oculto y desempleo galopante». De las Heras ha defendido también la bajada del IRPF para las rentas más bajas que se acometerá en la tramitación de los PGE para 2018.
LOS NUEVOS OBJETIVOS
La meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 queda repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos.
Con estas cifras España se asegura abandonar el procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde 2009.
Para 2019, el objetivo de déficit del 1,3% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 0,9% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.
Para 2020, España registraría ya solo un déficit del 0,5% de la Seguridad Social, si bien Montoro ya indicó que en la práctica «no habría déficit» porque «lo más probable» es que alguna de las otras administraciones registre superávit, con lo que se alcanzaría el equilibrio presupuestario.
Los nuevos objetivos de deuda pública de las administraciones públicas, son del 70,8% para la Administración Central en 2018, el 69,5% en 2019 y el 67,6% en 2020; del 24,1%, el 23,3% y el 22,4% para las comunidades autónomas; y del 2,7%, el 2,6% y el 2,5% para las entidades locales, respectivamente.
De esta forma, la deuda pública, que se situará en el 98,8% en 2017, bajará al 97,6% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020, lo que supone una caída de algo más de seis puntos en estos cuatro años.
Mientras, se contempla un aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020.