«¿Barcelona no estará dispuesta a cumplir con la legalidad del Parlamento catalán?», se pregunta ante el 1-O.
La nueva consellera de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña, Clara Ponsatí, ha deplorado que el sistema de enseñanza catalán se encuentra bajo una situación de «libertad vigilada o sin libertad» por parte del Estado, y ha defendido que una eventual proclamación de independencia serviría para recuperar la autonomía y el autogobierno.
En una entrevista de Europa Press, ha descartado que Cataluña deba emprender pasos urgentes a nivel de enseñanza de cara a la consecución de un estado, y se ha referido al sistema como una «estructura de Estado» en sí mismo.
«La principal ventaja es que volveremos a tener autogobierno y no estaremos intervenidos. Las competencias las tenemos, lo que pasa es que ahora estamos en libertad vigilada o sin libertad», ha dicho, al ser preguntada por las prioridades de Enseñanza de cara a un triunfo del sí en el referéndum previsto para el 1-O.
En defensa de una independencia de Cataluña para el sistema educativo, ha añadido: «Nos quitaremos de encima esta especie de control férreo, este afán de invasión de competencias, teniendo en cuenta que el sistema educativo catalán funciona y no nos lo tenemos que inventar».
«Básicamente, nos quitaríamos unas cuantas cotillas», ha subrayado la titular de Enseñanza, que ha defendido que en una futura república se haría extensivo el debate educativo ‘Ara és demà’, que desde 2016 ha sumado numerosas opiniones sobre el futuro de la educación en Cataluña y que apunta líneas generales.
Ponsatí, que tomó posesión del cargo hace dos semanas tras la marcha de su antecesora Meritxell Ruiz, ha remarcado que «Cataluña está absolutamente preparada para dar el paso a la independencia en materia enseñanza».
GARANTÍAS DE VOTACIÓN EN TODO EL TERRITORIO
La consellera ha reiterado que el Gobierno catalán organizará la logística para que todos los catalanes que quieran votar lo puedan hacer, y acerca de si hay obstáculos, ha afirmado: «Será porque algunas instituciones hacen una cosa, que no se me ocurre, que lo pueda impedir. No lo pueden impedir pero quizá puedan interferir».
Ha asegurado que cuando se convoque el referéndum habrá una legalidad emanada por el Parlament: «¿Barcelona no estará dispuesta a cumplir con la legalidad del Parlament? Son ellos quienes tienen que responder esta pregunta» de si no se sienten vinculados a las decisiones de la cámara catalana.
DEBATE SOBRE LAS URNAS EN BARCELONA
Sobre si la Generalitat hará valer su 60% en el Consorci d’Educació de Barcelona –del que depende las escuelas públicas de Barcelona–, ha afirmado que esta institución como tal «no debe tomar decisiones» sobre el referéndum, sino que quien tiene que hacerlo son la Generalitat y el consistorio.
Precisamente este martes la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recordó en una entrevista que la mayoría de las escuelas de la capital catalana dependen en su mayoría del Consorci d’Educación, que controla la Generalitat en un 60%, frente a un 40% del consistorio.
RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES
Ha instado a pedirle por esta cuestión al consistorio, y ha sostenido que cuando el Parlamento catalán apruebe la ley del referéndum y el Gobierno catalán lo convoque será responsabilidad del Ayuntamiento participar y ayudar para que los ciudadanos puedan votar, mientras que el Consorci d’Educació debe ocuparse de que se otorguen las becas comedor, se haga bien el proceso de inscripción o se asignen los profesores.
Interpelada por si la Conselleria ha recibido peticiones de información de directores de escuela acerca del referéndum, ha afirmado que no, y ha asegurado que éstos preguntan por cuestiones relacionadas con la enseñanza.
«GESTICULACIÓN POLÍTICA»
Ponsatí ha tachado de gesticulación política el anuncio del Gobierno central de controlar semanalmente las cuentas de la Generalitat de cara a la organización del 1-O: «No notaremos ningún cambio porque esta fiscalización ya la estamos sufriendo», ha dicho.
Asimismo, ha lamentado las situaciones de presión que están sufriendo la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau y otros por el 9N por parte de la justicia y el Tribunal de Cuentas.
Si bien ha admitido que se le pasaron por la cabeza las investigaciones por parte de altos tribunales a su predecesora Rigau antes de aceptar el cargo, ha defendido la necesidad de no aceptar las amenazas: «Más riesgo hay de no aceptar las amenazas y perder la dignidad».
TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS
Ha considerado inaudito el posicionamiento del Tribunal de Cuentas, con consecuencia en los patrimonios personales, y ha sostenido que se trata de un «comportamiento autoritario que no puede ser avalado por un tribunal de derechos humanos».
La consellera ha afirmado que es una «deriva autoritaria» que busca atemorizar a las personas que pueden estar organizando el referéndum, y ha afirmado que no lo conseguirá porque este tipo de amenazas atentan contra la dignidad.