La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha elevado una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo contra la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por haber obviado la lucha antifranquista y a las víctimas del régimen durante el discurso en el homenaje a los parlamentarios constituyentes con motivo del 40 aniversario de las primeras elecciones tras la dictadura.
Según el escrito, en las palabras que pronunció el pasado 28 de junio en el citado acto, que presidieron los Reyes, Pastor hizo un reconocimiento a las víctimas de ETA –reconocimiento que apoya la ARMH–, pero no mencionó «a los hombres y mujeres que decidieron voluntariamente oponerse a la dictadura».
Pero tampoco «a los que fueron hechos desaparecer, detenidos ilegalmente, saqueados y perseguidos por quienes durante cuarenta años y mediante un uso ilimitado de la violencia, impidieron que los representantes políticos en las instituciones fueran elegidos democrática y libremente».
La citada asociación considera que Pastor debe ser «reflejo de todas las sensibilidades democráticas» y, por eso, no entiende que no citara en esa celebración del regreso de la democracia a las víctimas de la dictadura franquista.
En concreto, lamenta que la tercera autoridad del Estado no hiciera una denuncia pública de «la extrema violencia» de la dictadura y de sus «numerosas violaciones» de los Derechos Humanos, y que no reconociera a quienes durante décadas «resistieron y lucharon» contra el régimen franquista.
LO HIZO «CONSCIENTEMENTE»
«Creemos que, de manera consciente, la presidenta del Congreso omitió el reconocimiento que merecen todas las personas que sufrieron o perdieron la vida luchando contra el franquismo y que durante los oscuros años de la dictadura mantuvieron viva la llama de la democracia», denuncia la ARMH.
Esta asociación ya presentó una queja contra el Jefe del Estado tras su discurso de Navidad por asegurar que «son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas». Una afirmación repetida de forma «manida» por quienes, según la ARMH, se niegan al derecho que tienen a la justicia las víctimas de la dictadura.
«A un Estado democrático le tienen que doler todos los crímenes y debe apoyar y garantizar los derechos de todas y cada una de las víctimas de delitos violentos», expone la asociación, antes de acusar al Estado de «maltratar» a las víctimas de la dictadura al negarlas a dar «una sepultura digna» a sus familiares y obligarlas «a pagar con sus impuestos la tumba del dictador Franco, responsable de los crímenes». «¿Alguien se imagina a una víctima del terrorismo obligada a pagar la tumba del terrorista?», se pregunta.