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jueves, 28 marzo 2024
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El colectivo de juristas Llibertats avisa: la ley de ruptura deriva hacia un «Estado autoritario con tintes populistas»

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Explica que es de «imposible homologación jurídica» dentro de un sistema democrático y se coloca fuera de la legalidad europea e internacional.

El colectivo de juristas catalanes Llibertats ha advertido de que la ley de ruptura de Cataluña con España deriva hacia un «Estado autoritario con tintes populistas» y que es de «imposible homologación jurídica» dentro de un sistema democrático.

Así se ha referido después de que Junts pel Sí y la CUP presentasen este lunes en la Mesa del Parlamento de Cataluña la proposición de Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que, según apunta Llibertats, plantea una «absoluta incompatibilidad» con los principios básicos que deben regir en un Estado de Derecho.

En concreto, estiman que, en el supuesto de que esta ley consiguiese algún tipo de eficacia jurídica, el modelo de país que plantea «está más cerca de un Estado de corte autoritario y populista que de los Estados democráticos» del entorno, porque quedaría «enteramente degradada» una separación efectiva de poderes, fundamental en un Estado de Derecho.

Además, la aprobación de esta ley permitiría que una mayoría parlamentaria «no reforzada» y «con tintes claramente populistas y asamblearios» controle de forma «casi absoluta» el Poder Judicial, a través del Tribunal Supremo, la sindicatura electoral y la Sala Superior de Garantías –equivalente al Tribunal Constitucional–.

Asimismo, el colectivo ha avisado de que la regulación del proceso constituyente de la república de Cataluña prevé un foro social compuesto por entidades de la sociedad civil cuyas conclusiones «constituirán un mandato vinculante» para la Asamblea Constituyente, por lo que se vería «seriamente comprometida» su función.

ES UNA LEY DE «IMPOSIBLE HOMOLOGACIÓN JURÍDICA»

Llibertats ha señalado, además, que la Ley de Transitoriedad Jurídica es de «imposible homologación jurídica» en un Estado democrático. En concreto, ha explicado que esta nueva norma que el Gobierno catalán prevé aprobar no puede llevarse a término porque la subversión del principio de jerarquía normativa la adolece.

«Pretender que una norma aprobada por un parlamento autonómico prevalga jerárquicamente y contradiga frontalmente normas de rango superior –como la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña–, supone quebrar uno de los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho», ha argumentado el colectivo.

Por este motivo, según ha explicado, esta ley coloca la iniciativa de independencia fuera de la legalidad española y europea: «Está plagada de preceptos sin contenido jurídico o de difícil o imposible eficacia jurídica».

Asimismo, en el caso en que se formase una república catalana, esta norma no tiene en cuenta que, con total seguridad que, en la fase transitoria, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea. Llibertats también señala que la ley de ruptura plantea que la nueva república se adhiera a los tratados internacionales en los que está inscrita España. Sin embargo, critican que los redactores de esta norma no tienen en cuenta a los estados pertenecientes a dichos tratados.

Con esta ley, «se establece un sistema de adquisición de la nacionalidad catalana más voluntarista que jurídico», ha añadido Llibertats, que estima que, aunque con esta norma se postula el derecho de toda la ciudadanía del nuevo Estado a las prestaciones públicas –como la seguridad social–, no se plantea «cómo se van a financiar».

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