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La Fiscalía pidió en noviembre imputar a Gallardón por la compra de Inassa que supuso un desfalco de 70 millones

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La Fiscalía Anticorrupción pidió el pasado mes de noviembre imputar al expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón por la compra en 2001 de la filial colombiana del Canal de Isabel II Inassa en una operación en la que supuestamente se desfalcaron 70 millones de euros y que fue “controlada por Alberto Ruiz-Gallardón y por ‘su gente'”.

Así consta en una petición de los fiscales Carmen María García Cerdá y Carlos Yáñez, fechada el 28 de noviembre de 2016, en la que reclaman otorgar la condición de investigados a “todos aquellos que han participado directa o indirectamente en los hechos”.

Los fiscales apuntan directamente a Gallardón, pero también a los “miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo de 29 de noviembre de 2009” por el que se autorizó la compra.

Piden, asimismo, la imputación del Consejo de Administración del ente público Canal de Isabel II y de las empresas del sector público madrileño, Canal Extensia SA e Inassa, que intervinieron en la adquisición investigada y a las autoridades; así como de los “funcionarios públicos que por razón de sus cargos informaron o auditaron la operación sin reparo alguno”.

A lo largo de su exposición, los fiscales hacen un relato pormenorizado de la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001 por 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) aprobando un endeudamiento de 51,1 millones de euros y apuntan a que el precio pagado “fue muy superior al valor de la sociedad”.

Los fiscales ponen al frente de la operación a Ruiz-Gallardón y a “su gente” y exponen que tanto Ignacio González como el que era su mano derecha en el Canal, Edmundo Rodríguez, estaban al tanto de lo sucedido.

“Tanto Ignacio González como Edmundo Rodríguez tuvieron pleno conocimiento de la operación realizada y de que la misma se hizo con grave perjuicio de fondos públicos”, señala la petición, que indica que “ambos, presuntamente, han participado de una organización corrupta y por ello, han dado cobertura a esta operación y se han beneficiado de la misma a través de la actividad de Inassa en Sudamérica”.

Para apoyar estos hechos, en su escrito los fiscales recogen conversaciones captadas a Edmundo Rodríguez y a Ignacio González. En una de ellas Rodríguez habla del “robo de 25 millones al Canal de Isabel II en una inversión de 95 millones de dólares”, datos que desde Fiscalía consideran que “encajan con los indicios de desvío de fondos en la compra de Inassa por parte de Canal Extensia”.

En otra de las conversaciones captadas durante la investigación, la Fiscalía asegura que Ignacio González “acredita que el precio pagado por la adquisición de Inassa fue muy superior al valor de la sociedad”; así como el “alto grado de conocimiento que él mismo tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma”.

Se trata de una conversación entre el propio González, Eduardo Zaplana y Eduardo Belhot en la que González asegura que Ruiz Gallardón y “su gente” compraron una sociedad “que no valía ni treinta millones de dólares por cien”.

“Alberto hizo una operación de que, no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue comprar el grupo en América. Compraron una sociedad que no valía ni treinta millones de dólares, por cien. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de veinte millones. Con un crédito del Banco Mundial que a su vez avalaba el Canal de Isabel II”, expone González, que hace referencia a que la adquisición de Inassa se hizo mediante una sociedad panameña.

“No soy como esa gilipollas que me ha sustituido, yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos, o reventamos estoy es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo pero yo no tengo todavía un dictamen, sí de Cuatrecasas, sobre toda la operación que no te puedes imaginar”, dice González en otro punto de la conversación.

A raíz de estas conversaciones, los fiscales indican que tanto González como Edmundo Rodríguez tuvieron “conocimiento total de la operación fraudulenta, que ocultaron”, y señalan que se desprende que, presuntamente, Ruiz-Gallardón “tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo estableció un pacto de silencio y operación con Ignacio González”.

A su juicio, estas conversaciones “señalan claramente la presunta connivencia de todos los intervinientes”.

Además, sostienen que “concurren indicios suficientes como para considerar que se trató de una decisión de ‘arriba hacia abajo'”, es decir que “presuntamente se gestó en el Consejo de Gobierno de la Comunidad y se cumplió escrupulosamente por los máximos responsables del Canal de Isabel II, Canal Extensia y los administradores de Inassa”.