La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que prepara el Gobierno debe ser «corta», «directa» y «blindarse» ante posibles cambios del signo político, según el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya Arnau Queralt, que ha participado en la elaboración de la misma normativa catalana.
Así lo ha expresado durante su intervención en la comisión para el Estudio del Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, en la que también han participado el director de la Cátedra de Cambio Climático y profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Manuel Pulido, y el responsable de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.
Queralt ha incidido en que una Ley «demasiado larga que luego no se pueda aplicar, no serviría de nada», al tiempo que ha destacado otro elemento «fundamental» es que la norma tenga consenso político y social y «que la participación pública no se reduzca a colgar un texto en la web para que la gente opine».
Asimismo, ha señalado que la normativa debería señalar un plazo de validez, una estructura para inspirar las políticas, cómo modificar la planificación sectorial, territorial y urbanística e incorporar un sistema de fiscalidad positiva y negativa para «premiar a quien lo hace bien».
Por otro lado, el experto ha puesto varios ejemplos de otros países como Suecia, que todos los años, junto a los Presupuestos Generales del Estado, presenta un informe sobre cómo afecta el cambio climático a la economía, además de haber fijado «de forma clara» un objetivo de emisiones netas cero «e incluso negativas».
Además, Queralt ha puesto encima de la mesa un debate, que después han continuado los parlamentarios en el turno de réplica, sobre cómo se coordinan las diferentes comisiones y a dónde van todos los temas y propuestas que se plantean.
Por su parte, Pulido, que ha hecho un repaso sobre las causas y efectos del cambio climático en el mundo, ha señalado que España debe descarbonizar la economía, hacer una «apuesta clara» por renovables, realizar una reordenación del territorio y potenciar el I+D+i para luchar contra este fenómeno, sobre todo, de cara a la agricultura.
Pulido, que también es experto en recursos hídricos, ha señalado que entre las cosas que echa en falta en la legislación española son planes de adaptación para las diferentes cuencas españolas, mientras que ha señalado que la reducción de los recursos hídricos en las demarcaciones «es probable que supere lo previsto» en los Planes Hidrológicos.
Por último, desde Ecologistas en Acción, han pedido el cierre de las centrales nucleares y de las «ayudas encubiertas» al carbón, así como el fin del sistema tarifario actual y una auditoria al precio de la luz.
En cuanto a transporte, han señalado la necesidad de una Ley de movilidad sostenible que reduzca los coches privados, que recoge también una reordenación urbana.
Andaluz también ha pedido incentivar el sector agroecológico, y que se reduzcan las hectáreas de regadío, al tiempo que ha lamentado que la participación ciudadana para elaborar la normativa está siendo «insuficiente» porque la consulta pública «son preguntas cerradas de orden jurídico», mientras que la comisión de expertos creada no incorpora organizaciones de la sociedad civil.