El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha pedido este viernes a sus socios en la Unión Europea una «reflexión» para ampliar la lista de 32 delitos graves que incluye la orden europea de detención y entrega (OEDE) y que permiten la extradición automática del requerido.
«La lista la hicimos en 2002, han pasado 15 años. No tenemos una propuesta concreta (de nuevos delitos que incorporar), queremos trabajar con los socios europeos», ha declarado Catalá a la prensa en Bruselas, a su llegada a una reunión de ministros de Justicia de la UE.
Aunque el ministro ha pedido «no basarse en anécdotas», en alusión al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que huyeron con él a Bruselas, la necesidad de revisar la euroorden surge al tiempo en que la Justicia española solicitó a Bélgica la entrega de los cinco políticos catalanes.
Ninguno de los cinco delitos que les fueron imputados por la Audiencia Nacional –rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia– figuran en esta lista de 32 delitos, lo que llevó a la juez Carmen Lamela añadir el de corrupción, que sí lo está, a la hora de tramitar las euroódenes.
La Fiscalía de Bruselas, sin embargo, concluyó tras examinar el expediente que no correspondía entregar a los requeridos por corrupción, aunque sí por cuatro de los cinco delitos imputados (todos menos prevaricación).
Si los tribunales belgas hubieran confirmado esta posición –la decisión finalmente no se ha conocido al retirar antes España la petición de entrega– Puigdemont y sus exconsellers solo hubieran sido entregados si quedara demostrada la doble tipificación de los delitos, esto es que figuraran también ele ordenamiento jurídico belga.
NINGUNA QUEJA HACIA BÉLGICA
En este sentido, Catalá ha querido subrayar que desde España no tiene «ninguna queja» hacia Bélgica por el caso de los exmiembros de la Generalitat huidos a este país.
«No hay que basarse en las anécdotas, en los últimos tres años Bélgica ha emitido 212 órdenes de entrega hacia España, que han sido atendidas, salvo en dos casos por cuestiones humanitarias. Del Gobierno belga me consta la lealtad, la colaboración», ha explicado Catalá, para quien la necesidad de revisar las reglas europeas no responden a «un caso puntual».
Los cambios normativos en la Unión Europea van «despacio» y en el caso de la euroorden afecta a sensibilidades jurídicas «muy diferentes» entre Estados miembros, por lo que el ministro considera que se debe empezar a plantear la revisión.
También ha insistido en que la orden europea de detención y entrega fue pactada por la Unión Europea en 2002 (se aplica desde 2004), por lo que después de «15 años de éxito» para perseguir a criminales y terroristas es necesario actualizarla.