Grupos afines a los terroristas critican el «silencio pesado» de España y Francia sobre el fin de la dispersión.
Un total de 300 presos de ETA integran en la actualidad el autodenominado colectivo conocido por las siglas en euskera EPPK, que llegó a aglutinar a 677 reclusos a finales de 2011, tras el cese de la violencia etarra como consecuencia de las operaciones policiales y judiciales. Los 760 internos de 2008 marcó el récord desde la restauración de la democracia en 1978.
Del total, 234 presos cumplen condena en la actualidad en España y 62 en Francia, según los datos de Etxerat, a los que habría que sumar la quincena que fueron expulsados del colectivo por no plegarse a las consignas internas de la banda terrorista. Además, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias gestiona en la actualidad a una población reclusa de 270 presos relacionados con delitos de terrorismo o proselitismo de corte yihadista.
Entre los 300 etarras repartidos entre España y Francia hay que contabilizar también a Andoni Zengotitabengoa, en Portugal tras ser detenido en 2010, y Joseba Vizán, interno en Brasil una vez que fue arrestado el pasado mayo, poniendo fin a una huida que se remontaba a 1991.
El colectivo de presos se ha enfrentado a diferencias internas que tratan de superar con nuevos contactos para poner fin a la dispersión, sobre todo en Francia. El descenso de internos se debe a que desde 2011 es mayor el ritmo de terroristas que salen de prisión tras cumplir condena que los que entran por operaciones policiales. En 2017 se han detenido a seis etarras.
En el paulatino descenso de presos también contribuye la derogación en 2013 de la denominada ‘doctrina Parot’, que permitió que decenas de etarras quedaran en libertad, entre ellos algunos históricos ‘jefes’ de la banda terrorista.
PROTESTA EN PARÍS
Este 9 de diciembre, cientos de personas movilizadas por grupos afines se manifestaron en París para criticar el «silencio pesado» tanto de España como de Francia, a quienes reclaman en vano cambios en la política penitenciaria.
El pasado 23 de octubre, el foro Bake Bidea informó de los contactos con el Ministerio de Justicia francés. Este foro respalda a los autodenominados ‘artesanos de la paz’, el mismo grupo que fue sorprendido por la Guardia Civil cuando trataba de manipular un arsenal de armas de ETA en la localidad francesa de Louhossoa en diciembre de 2016 y que, en el pasado mes de abril, impulsó el desarme escenificado en Bayona.
El alcalde de este municipio francés, Jean-René Etchegaray, es uno de los integrantes de los ‘artesanos de la paz’ promotores de otras acciones a favor de los presos de ETA como la moción que aprobó el 22 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento de París en apoyo «al proceso de paz del País Vasco» que, según ellos, «atraviesa por etapas importantes tras decenios en los que el País Vasco, España y Francia han conocido la violencia».
«La realidad es que el entorno de lo que queda de ETA, que es básicamente sus presos, sabe perfectamente que se mantiene la misma contundencia en la aplicación de la ley», explican a Europa Press fuentes de la lucha antiterrorista.
ÚLTIMA OPERACIÓN EN BERLÍN
De lo último da prueba la última operación policial. La Guardia Civil detuvo el 27 de octubre en Berlín a Mikel Barrios e Iñigo Gulina Tirapu, los encargados del aparato de falsificación de ETA y con pasado vinculado a la ‘kale borroka’.
Barrios ha ingresado en la prisión de Osny (Francia), donde se encuentra David Pla, el encargado de anunciar el cese definitivo del terrorismo y ahora a los mandos del EPPK; su compañero Gulina Tirapu se encuentra en Soto del Real (Madrid).
Sortu lamentó que la detención en Berlín llegara «justo en el momento en el que ETA reflexiona en torno a su desmovilización», el eufemismo que utilizan para hablar sobre su disolución definitiva.
Desde el entorno etarra se habla de intercambio de documentos entre los presos de ETA (34 llevan en prisión más de 20 años y 24 tienen más de 60 años, según Etxerat), aunque fuentes penitenciarias señalan a Europa Press que «no hay avances significativos» en este sentido.
El Ministerio del Interior defiende la vigencia de medidas que siguen evaluando como positivas, entre las que incluyen la dispersión de presos que, recuerdan, pueden acogerse a posibles beneficios individuales siempre que se arrepientan y colaboren con la Justicia.