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viernes, 29 marzo 2024
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PP y PSOE se unen para fijar el respaldo mínimo para aprobar en el Congreso las medidas del pacto educativo

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Establecen una mayoría de 210 votos para sacar adelante iniciativas, lo que les permite aprobar propuestas sin necesidad de más apoyos

. El PP y el PSOE, que suman 218 diputados en el Congreso, se han unido en la subcomisión del pacto educativo para imponer una mayoría de tres quintos de la Cámara (precisamente 210 diputados) como la necesaria para sacar adelante cada uno de las medidas que se propongan, frente a los dos tercios (233 diputados) que proponía Ciudadanos y la mayoría absoluta (176) de Unidos Podemos.

Esta fórmula condicionará a partir de ahora la toma de decisiones en la subcomisión, que había encallado en este punto preliminar por falta de acuerdo entre los partidos.

Al final, los ‘populares’ han optado por unirse a la propuesta realizada por el PSOE, después de que la semana pasada el PP estuviera haciendo equipo con el partido naranja exigiendo los dos tercios, una medida que los de Pablo Iglesias rechazaron al considerar que daba derecho de veto al PP, puesto que todas las medidas debía contar con la aprobación del partido mayoritario.

Antes de la reunión celebrada este martes, los ‘populares’ ya adelantaron que no rechazaban el planteamiento del PSOE, alegando que su intención es que las medidas cuenten con el consenso, al menos, de las principales fuerzas en el Parlamento.

En este sentido, señalaron que no aprueban la mayoría absoluta por la que apuesta Podemos, porque es cómo se han sacado adelante muchas leyes educativas anteriores, y éstas no han envejecido bien.

CIUDADANOS SE MANTIENE EN LOS DOS TERCIOS

El portavoz morado de Educación, Javier Sánchez, ha explicado a Europa Press, que ellos se han mantenido en esta postura porque la mayoría absoluta es el apoyo que se exigirá a la Cámara cuando salga adelante la nueva ley. Pero, además, porque querían facilitar que PSOE y Podemos «pudieran liberar iniciativas desde la izquierda».

«Finalmente el PSOE ha ido de la mano del PP», ha lamentado, aunque ha señalado que su partido no quiere «bloquear» más este pacto y ha celebrado que en la próxima reunión de este miércoles se comience ya a tratar contenido relacionado con la Educación.

También Ciudadanos se ha mantenido en la postura que defendía la semana pasada: los dos tercios. Fuentes del partido que dirige Albert Rivera han señalado que buscaban una «amplia mayoría» que permita llegar a verdaderos acuerdos. Exigir 233 diputados impediría a PP y PSOE aprobar solos las medidas, ya que necesitarían siempre a un tercer partido, y ahí los de Albert Rivera se consolidarían como opción imprescindible.

A su juicio, «los tres quintos que han votado PP y PSOE permiten repetir los acuerdos del bipartidismo y los nacionalistas» que, según han advertido, han dejado la Educación en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Los dos grandes partidos suman solos 218 diputados.

Del mismo modo, los naranjas han lamentado que Unidos Podemos haya abierto este debate cuando, según asegura Ciudadanos, la decisión sobre el sistema de votación ya estaba tomada antes de la semana pasada y se había acordado los dos tercios.

LAS CONDICIONES DEL PNV

En esta votación, tanto ERC como PNV se han abstenido. Precisamente, el portavoz en materia de Educación del partido vasco, Joseba Andoni Agirretxea, explicaba antes de la reunión que han enviado a la presidenta de subcomisión, la ‘popular’ Teófila Martínez, un documento en el que plantean «ciertas bases fundamentales y apriorísticas» que condicionarían su participación en el documento del pacto que salga del Congreso. Es más, ha indicado que «si no se respetan estos principios, el pacto no va a ser válido».

En primer lugar, ha pedido que el texto del Congreso recoja expresamente el respeto a la competencia y capacidad del País Vasco a elaborar su propio modelo educativo y sus propias leyes y asuma como principio fundamental el respeto a la «singularidad» de esta comunidad autónoma.

Agirretxea también ha señalado la necesidad de que la Subcomisión denuncie las «posibles injerencias» a la capacidad del País Vasco para ser el gestor de su propia educación y rechace los recursos judiciales que el Gobierno ha planteado a leyes y procedimientos vascos, así como los procedimientos de «recentralización» y «unificación» de la educación que pudiera haber. «La respuesta (a estas condiciones) queda abierta a debate de la Subcomisión y será la que decida cómo llevarlo a cabo», ha apostillado.

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