Ciudadanos ha registrado este jueves en el Congreso una propuesta de reforma puntual de la Ley Electoral (LOREG) para convertir en inelegibles a los prófugos de la Justicia como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, que lleva desde octubre huido en Bélgica, los exconsellers que le acompañan, o la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, quien se ha fugado a Suiza también para eludir la acción de la Justicia española.
En rueda de prensa en el Congreso, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha detallado que su iniciativa consiste en modificar el artículo 6 de la LOREG para incluir un nuevo supuesto de inelegibilidad que impediría presentar a las elecciones a aquellas personas que tuvieran pendiente una orden de búsqueda y detención en el marco de un procedimiento de instrucción.
Villegas ha explicado que la intención inicial de su grupo era plantear este tema en la subcomisión que estudia una eventual reforma de la LOREG pero, tras constatar que ni el PP ni el PSOE «están muy por la labor» de cambiar esta norma y mucho menos de hacerlo de manera «ágil», han optado por presentar su proposición para esta reforma exprés.
NO ES INCONSTITUCIONAL
«Es importante que esta modificación parcial se apruebe para que la democracia española tenga más herramientas para defenderse de aquellos que quieren atacarla», ha resumido el ‘número dos’ del partido naranja, mostrando su deseo de que los dos grupos mayoritarios se avengan a apoyarla.
Se trata de añadir una causa más de inegilibilidad a las ya previstas en el artículo 6.2 de la LOREG que impida concurrir a las elecciones a los prófugos o huidos de la Justicia contra los que la Autoridad judicial haya dictado una requisitoria de búsqueda y detención, en el marco de un procedimiento de instrucción por los delitos de rebelión, corrupción o contra las instituciones del Estado.
Villegas ha rechazado que su propuesta puesta ser tildada de inconstitucional por coartar el derecho de sufragio pasivo a personas contra las que no se ha dictado sentencia firme, puesto que este supuesto ya rige para determinados delitos. «No hay ningún problema de constitucionalidad», ha zanjado.