El PP va a presentar en el Congreso un texto alternativo a la Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social del colectivo LGTBI, una iniciativa legislativa de Unidos Podemos que fue admitida a trámite por el Pleno de la Cámara Baja el pasado mes de septiembre y que lleva meses congelada por sucesivas prórrogas de enmiendas.
El Grupo Popular y Unión del Pueblo Navarro (UPN) fueron los únicos partidos que no votaron a favor de aquel texto impulsado por la Federación Estatal LGTBI. Los ‘populares’ alegaron durante el debate en el Pleno que se trataba de una norma «torpe en fondo y forma», «chapucera» y «deficiente». Además, criticaron la «intensidad con la que proponen «eliminar» cualquier soporte en el que se observe un mensaje discriminatorio.
«Decomiso, destrucción, bloqueo, interrupción, son algunos de los términos que usan», señaló la portavoz adjunta del PP, Marta González, durante la sesión. Fue ella misma, quien entonces ya adelantó sus intenciones de presentar un texto alternativo en el que «se respeten las competencias» en algunos aspectos que presenta la ley y para «una adecuada protección de los derechos de las personas LGTBI, sin menoscabo de los derechos de otras personas».
La norma de Unidos Podemos recoge entre sus principales medidas la despatologización de la transexualidad y la creación de un centro de memoria histórica LGTBI con el que se pretende poner al colectivo en primera línea. El texto también contempla la constitución de varios órganos para garantizar el cumplimiento de la Ley, como el Consejo Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que, según se propone, debe ser independiente al Gobierno.
La ley también recoge el derecho de todas las mujeres a las técnicas de reproducción asistida en los centros hospitalarios públicos con este tratamiento independientemente de su orientación sexual, así como que se garantice la atención sanitaria sin discriminación a las personas transexuales y transgénero, que se regirá por la autodeterminación de la identidad de género.
UN LARGO PERIODO DE ENMIENDAS
Del mismo modo, incluye la creación de mecanismos necesarios para que la documentación administrativa y los formularios médicos se adecuen a la heterogeneidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGTBI.
Esta propuesta de Ley ha sufrido una decena de aplazamientos durante el periodo de enmiendas a la totalidad, que ha terminado este martes, lo que ha llevado a las organizaciones defensoras de esta norma a exigir la aprobación del texto «con urgencia».
Entre ellas se encuentran Federación Española LGTBI, Amnistía Internacional, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH o la Fundación ONCE.
«Como organizaciones de la sociedad civil, estamos comprometidas a trabajar para la erradicación de todas las barreras que suponen una discriminación y una vulneración de los derechos humanos. Confiando en que el compromiso es compartido, instamos a que los diputados y diputadas del Congreso hagan todo lo que esté en su mano para que la Ley de Igualdad LGTBI pueda entrar en vigor lo antes posible», pedían en un comunicado, en el que también instaban a los partidos a presentar enmiendas que mejoren el texto, pero «respetando al máximo su esencia».