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jueves, 28 marzo 2024
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La oposición critica la ley del PP para reformar el Registro Civil y sólo ve «parches» para evitar más prórrogas

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La oposición ha puesto en duda, durante el Pleno del Congreso, la Ley del PP para reformar el Registro Civil, un texto cuya entrada en vigor se viene prorrogando desde 2011. A su juicio, los ‘populares’ están poniendo «parches» o «amaños» para que se ponga en marcha el próximo mes de junio y evitar, así un nuevo aplazamiento o que se aplique el texto, aprobado durante la legislatura del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Ha sido el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien durante la sesión ha pedido el apoyo de los grupos para lograr esta reforma y ha llamado a aquellos que no están de acuerdo con su propuesta a presentar las enmiendas que consideren durante el proceso de tramitación de cara a que, el próximo mes de junio haya en España «un servicio público de calidad para el ciudadano».

Durante el debate, ha sido la diputada María Jesús Moro la encargada de defender un texto que, según ha explicado, presenta «profundos cambios» para crear un modelo de Registro «radicalmente distinto al actual», basado «en hechos, priorizando el historial de cada individuo, liberándolo de cargas administrativas y equilibrando la necesaria protección de su derecho fundamental a la intimidad con el carácter público del Registro Civil».

La intención del PP es implantar un nuevo modelo que suprime el tradicional sistema de división del Registro Civil en Secciones –nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales– y crea «un registro individual que constará de una hoja o extracto en el que figurarán los datos personales de la vida del individuo, asignándole un código personal desde la primera inscripción que se practique».

Modificaciones como esta eliminarán, por ejemplo, la expedición de nuevos Libros de Familia. Los expedidos con anterioridad, según apunta la norma, «seguirán teniendo los efectos previstos en la Ley del Registro Civil de 1957». Del mismo modo, el documento propone que no será necesario actualizar el contenido del Libro de Familia cuando se acompañe de la certificación literal electrónica acreditativa del nacimiento. En general, ha señalado la diputada ‘popular’, esta reforma «exime al ciudadano de tener que acudir necesariamente de forma presencial al Registro».

Los ‘populares’ también plantean una reorganización este nuevo Registro Civil en una Oficina Central del Registro Civil, Oficinas del Registro Civil y Oficinas Consulares del Registro Civil, dotadas de funciones y competencias propias, aunque dependiendo de la Dirección General de los Registros y del Notariado; y una configuración de carácter electrónico, en la que se practican asientos informáticos, incorporando el uso de las nuevas tecnologías y de la firma electrónica.

UNA NORMA QUE «VUELVE A 1957»

«El carácter electrónico del Registro Civil no altera la garantía de privacidad de los datos contenidos en el mismo y les será de aplicación la normativa de protección de datos de carácter personal, en tanto contengan información que afecta a la esfera de la intimidad de la persona», ha apuntado Moro.

Desde el PSOE, su portavoz en esta materia, Juan Carlos Campo, ha criticado que se busque cambiar una ley que contó «con un gran consenso» en su aprobación durante la legislatura socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha señalado que no considera que el texto presentado por el PP sea una «redefinición del modelo» como ha «vendido» Moro, sino que sólo se incluyen «matices y elementos necesarios para poder poner en marcha el texto en junio».

Campos considera que se trata de un «cambio copernicano para regresar a 1957» ya que el PP señala en su propuesta que la digitalización del Registro Civil, que ya se contempla en la Ley de 2011, se producirá «cuando el ministro de turno dicte la orden ministerial». «Esto es dar un cheque en blanco a los ciudadanos», ha señalado el diputado, quien ha insistido que «el cambio por la desjuicialización de esta administración» no está presente en la propuesta del PP.

También Unidos Podemos y su portavoz, Meri Pita, han considerado insuficiente la reforma del PP. A su juicio se trata de una «pseudorectificación» para «enmendar» el intento del exministro de Justicia del PP Alberto Ruíz-Gallardón de privatizar el Registro Civil. En este sentido, ha señalado a Catalá que aún hay servicios externalizados en esta materia, como los matrimonios o las nacionalidades, que no se proponen cambiar en esta reforma.

PROBLEMAS CON LAS COMPETENCIAS

Precisamente, el representante de Ciudadanos, Marcial Gómez, destacó que la privatización del sistema que «planeaba» sobre esta administración no se incluya en esta propuesta de reforma y que como servicio público y gratuito «parece razonable que sea el cuerpo nacional de funcionarios» quien lo gestione. Sin embargo, Gómez cree que la carga de trabajo que estos trabajadores deberán asumir «no está prevista», una situación que podría llevar al nacimiento de un nuevo Registro Civil «colapsado».

Las competencias preocupan tanto a PNV como a ERC. Estas formaciones han criticado el ‘vaivén’ que ha sufrido la norma desde 2011 y la falta de realidad con la que el PP ha enfrentado ahora esta reforma. Además, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha acusado al PP de querer «vaciar de competencias al Registro Civil».

Sólo Foro Asturias ha adelantado su voto a favor en el debate. Su portavoz, Isidro Martínez Oblanca, ha calificado esta reforma como «un primer paso para solucionar las carencias que se advirtieron desde 2011» en esta administración. Desde el PDeCAT, su diputada Lourdes Ciurò, ha asegurado que no se iban a oponer a este texto, pero ha advertido de que, si llegaba a tramitarse, presentarían las enmiendas necesarias para preservar las competencias autonómicas sobre esta administración.

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