Pide modificar «por consenso» el Código Penal para unificar criterios pero defiende que esta materia se rija por la normativa europea.
El director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), Carlos Sánchez Almeida, ha defendido este miércoles que las informaciones u opiniones que vierten en Internet tuiteros o blogueros, no se pueden comparar a las publicaciones digitales o tradicionales de tirada nacional, por lo que cree que las condenas que se están dictando por ‘delitos de odio’ en la red deberían establecerse según la difusión que estos tienen.
Durante su intervención en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso, Sánchez Almeida ha denunciado que es el propio Código Penal quien pone a estos espacios en la red en el mismo nivel, una situación que, a su juicio, habría que cambiar con una reforma del mismo. «En futuras intervenciones legislativas habría que ponderarle y habría que atender o de establecer indemnizaciones según la difusión que ha tenido esa información dolosa y difamatoria», ha declarado.
El experto ha indicado que el Tribunal Supremo ya está cambiando sus decisiones teniendo en cuenta este aspecto, una situación que ve lógica pues, según ha declarado, «si un tuit no tiene retuits, ¿qué daño está causando?». «Es un delito imposible», ha apuntado.
Preguntado por el portavoz del PNV en esta comisión, Mikel Legarda, acerca de que la intervención jurídica en esta materia afecte a la pluralidad ideológica en el país, Sánchez Almeida ha señalado que la autorregulación «es buena para determinadas situaciones» pero, en otras, «en necesario que se introduzca la ley, porque es igual para todos».
DEFIENDE IR CON LA NORMATIVA EUROPEA
También ha defendido el derecho de los usuarios a tener anonimato en la red, precisamente, por su derecho a la libertad de expresión. El director jurídico de la PDLI ha advertido de que hay gente «que no puede decir lo que piensa si no es con seudónimo» y, además, apunta que cualquier crítica a esta situación no es viable, hoy en día, «cuando se puede rastrear todo en la red».
«En Internet todo es rastreable, quien emite una noticia falsa va a ser señalado por su competencia tarde o temprano», ha declarado el experto, quien ha indicado que ya se ha detectado a algún responsable de cadenas de odio en Internet a través de las investigaciones policiales. «Cuando hay acoso en Internet, que es delito, se puede rastrear quién ha comenzado la cadena. Las mentiras en Internet tienen las patas más cortas porque tenemos medios para seguir los ciberdelitos», ha insistido.
Este derecho al anonimato, según ha explicado Sánchez Almeida, se recoge en la nueva normativa europea de Protección de Datos, que entrará en vigor en mayo. En este sentido, el dirigente del PDLI ha pedido que se cumpla la legislación europea y ha llamado a los diputados a «acostumbrarse» a ello porque, a su juicio, este debate que abarca una red sin fronteras «debería llevarse desde la esfera europea».
UN PROBLEMA HISTÓRICO
«Sería un riesgo innecesario tener una ley propia y que España fuera el único país condenado por el Tribunal Superior de Justicia Europeo», ha declarado, para insistir en que este debate debería estar controlado por la UE para una «uniformidad legislativa».
Durante su intervención, el compareciente ha recordado que todos los problemas que los portavoces han planteado en su turno de intervención no son nuevos, ya que estas discrepancias en materia de libertad de expresión se viven desde que el Gobierno ‘popular’ de José María Aznar quiso poner en marcha una ley que permitía la intervención administrativa en caso de delitos sobre esta materia. También el presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, recogió en una norma una autoridad administrativa de control de contenidos. En ambos casos no salió adelante la idea.
La PDLI ha criticado que la situación actual supone «un retroceso de los derechos» de las personas a través de diferentes medidas como la conocida como ‘Ley Mordaza’, la Ley de Propiedad Intelectual, el Código Penal, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, entre otras.
A su juicio, y en respuesta a las cuestiones de los portavoces de PSOE y Unidos Podemos en esta materia, Ana Botella y Juanma del Olmo, respectivamente, hay que buscar una «definición consensuada» de lo que son las noticias falsas o la desinformación, para no difundirlas y para tener claro cuando actuar. Así, ha defendido un periodismo de código abierto que permita la veracidad de información con técnicas de verificación de contenidos que cumplan los estándares internacionales.
En este sentido, ha declarado que «es peligroso que una autoridad gubernamental se arrogue el poder de señalar qué es falso y que no. La única verdad jurídica es la establecida en sentencia judicial», ha argumentado.
Finalmente, el compareciente ha pedido un pacto entre todos los grupos parlamentarios para reformar el Código Penal en esta materia «por consenso» y luchar contra los delitos de odio. «Nos estamos jugando las líneas de juego de la libertad de expresión, que es un derecho más que fundamental para la garantía del resto de derechos», ha añadido. Esta idea ha sido apoyada por el portavoz ‘popular’, Ignacio Cosidó, que, por otra parte ha criticado que se haya puesto en cuestión la democracia en España. A su juicio, España no está en un proceso de «recesión de derechos ni libertades», sino en «expansión».