PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos rechazan las quejas de los independentistas catalanas sobre invasión de competencias
. El proyecto de Ley de Protección de Datos del Gobierno, que busca adaptar la legislación española a la directiva europea sobre esta materia, ha pasado su primer examen en el Congreso después de que la mayoría de la Cámara, incluyendo al PP, al PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, haya rechazado la enmienda a la totalidad registrada por el PDeCAT, que pedía devolver el texto alegando que amenaza competencias autonómicas.
Una de la principales novedades de esta norma, que ahora iniciará la fase de enmiendas al articulado, es la rebaja de la edad de los menores, de 14 a 13 años, para dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha defendido en la Cámara Baja este texto, ha destacado la importancia de igualar este punto con el resto de estados europeos, ya que permitirá que un menor español que se crea, por ejemplo, una cuenta de Facebook durante una estancia veraniega en Irlanda, pueda mantenerla después a su regreso a España.
El ministro también ha destacado las mejoras que supone este texto en el tratamiento de los datos de personas fallecidas por parte de sus herederos y ha señalado que excluye el consentimiento tácito, debiendo ser expreso y afirmativo. Además, establece la presunción de exactitud y actualización de los datos obtenidos directamente del interesado.
Del mismo modo, se adopta el principio de transparencia, se regulan los sistemas de información crediticia, la videovigilancia, los sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado, entre otras medidas.
Durante su intervención, Catalá ha calificado esta norma como «imprescindible» para «ayudar a vertebrar más Europa en el ámbito de la protección de derechos». Tras enumerar lo que ha considerado las «ventajas» de esta norma, ha criticado que el PDeCAT haya presentado una enmienda «sin base jurídica, ni texto alternativo».
Su colega de partido, el diputado ‘popular’ Francisco Martínez, ha defendido el texto presentado por el Gobierno y ha criticado que la formación catalana «ni siquiera haya podido escribir un folio y medio» para justificar la enmienda «e intentar convencer a la Cámara». Además, ha apuntado que la agencia catalana de protección de datos ha «intervenido en la ponencia» creada para elaborar la norma y ha señalado que «muchas de sus propuestas están incorporadas al texto».
PDECAT QUIERE «ASEGURAR COMPETENCIAS»
Sin embargo, el PDeCAT, a través de su portavoz Lourdes Ciurò, ha explicado que no se opone a esta norma que considera «necesaria» sino porque blinda a la AEPD como «única competente» en esta materia y, por tanto, «no garantiza que las comunidades autónomas puedan desarrollar las competencias que le confiere el bloque de constitucionalidad».
Ciurò, que ha comparado el proyecto de ley como «un 155 sectorial en protección de datos», también ha destacado que España «no se caracteriza por ser cumplidor de los reglamentos europeos» y es por ello que su formación quiere asegurar que estas competencias se registran en el texto y «no tener que presentar 200 enmiendas» en la siguiente fase de tramitación.
El PDeCAT ha contado únicamente con el apoyo de ERC. Su portavoz en este debate, Esther Capella, ha criticado también que el texto presentado por el Gobierno no cuente con «el orden de distribución de competencias» que, además de en la Constitución, está en los estatutos autonómicos.
CRÍTICAS AL GOBIERNO POR SU TARDANZA
El resto de formaciones no ha considerado justificada la enmienda y no la han apoyado. Así lo ha hecho saber el presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, el diputado de IU Ricardo Sixto, que sí se ha comprometido a apoyar aquellas enmiendas al articulado que se presenten para hacer respetar las competencias. El diputado de PNV, Mikel Legarda, no ha visto en las justificaciones del PDeCAT ninguna reclamación «que no se pueda hacer en la fase de enmiendas». Aún así, el partido nacionalista se ha abstenido en la votación.
Por su parte, el portavoz del PSOE en esta materia, Artemi Rallo, han aprovecha para criticar la «tardanza» del Gobierno para presentar esta transposición a una directiva europea que ya entró en vigor en 2016 y cuyo plazo para adaptarse termina en mayo de este año. En el caso de no aprobarse un texto en este sentido, se aplicará la norma de Bruselas de forma directa.
Rallo ha acusado al Ejecutivo de abordar este proyecto de ley «como un mero trámite, sin ambición y sin altura de miras». A su juicio, «es una oportunidad perdida para encarar los retos de la digitalización». «Ha renunciado a modernizar la Agencia Estatal de Protección de Datos», ha apuntado.
Ciudadanos también han destacado este aspecto y ha calificado, tanto al Gobierno como a PDeCAT de «falta de responsabilidad» ante una transposición que tiene un plazo establecido para su aprobación. «No llegamos», ha advertido el representante naranja, Marcial Gómez.