La secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, María García, ha informado este martes de que el presupuesto total de su departamento ascenderá a 2.108.677.900 euros, lo que representa un 3,57 por ciento de incremento respecto a 2017 y asegura que las partidas en cambio climático y protección del medio natural no se reducen, sino que se reparten en partidas presupuestarias de otros Ministerios.
Durante la Comisión de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, donde ha explicado el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018, García ha dicho que AEMET y Confederaciones hidrográficas contarán con 1.085.450.000 euros y el Organismo Autónomo Parques Nacionales contará con 36 millones de euros. De estos, 921.159.000 euros serán para Confederaciones Hidrográficas y Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
En total, el presupuesto global en materia de agua es de más de 1.688 millones de euros, un 4,5 por ciento más que en 2017. De esta cantidad, casi 643 millones serán gestionados por la Dirección General del Agua, algo más de 921 millones de euros por las Confederaciones Hidrográficas y 124,3 millones a las inversiones de las Sociedades Estatales del Agua.
Las inversiones totales en agua alcanzan 812 millones de euros. De estos, se ha presupuestado 536,16 millones de euros para abastecimiento, regulación de caudales y gestión de inundaciones o sequías y 152.290.000 euros para depuración de aguas residuales y mejorar la calidad de las masas de agua y sus ecosistemas asociados.
El objetivo, según la secretaria de Estado, es dar continuidad a las actuaciones prioritarias en materia de saneamiento y depuración de aguas residuales que sean competencia del Estado y que están incluidas en el Plan Crece, que prevé actuaciones por unos 1.100 millones de euros.
Por otro lado, ha señalado a la Comisión que el proyecto de Ley de Presupuestos destinará para costas un total de 89,88 millones de euros, de los que 57,7 millones de euros son de inversión, una cifra «similar» a la del año pasado y que se emplearán en actuaciones para proteger el medio marino, los sistemas litorales y la conservación del dominio público marítimo-terrestre.
García ha defendido que estas partidas permitirán avanzar en la puesta en marcha de los proyectos de las Estrategias para la Protección de la Costa que ya están aprobadas y para redactar otras nuevas como la del Mar menor y el Delta del Ebro.
Al mismo tiempo, la Fundación Biodiversidad tiene asignados 9 millones de euros más los recursos de la Unión Europea con los que movilizará un total de 24 millones de euros en más de 50 iniciativas y proyectos.
En cuanto a las partidas de Calidad y Evaluación Ambiental, los presupuestos contemplan 28.124.000 euros, un 24,28 por ciento más que en 2017, de los que se dirigirán a lucha contra la contaminación atmosférica 5,37 millones.
En ese ámbito, se emplearán 7 millones a luchar contra la generación de residuos con la Estrategia española de Economía Circular y avanzar en los objetivos de la Directiva Marco de Residuos, de la Ley de Residuos y del Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos.
Otra partida de 13,87 millones de euros se destinará a la protección y mejora del medio natural para aplicar medidas concretas para conservar la flora y la fauna españolas con estratégicas de recuperación de especies amenazadas; luchar contra exóticas invasoras; consolidar la Red natura 2000 terrestre y desarrollar infraestructuras para la conservación de biodiversidad.
En materia de Parques Nacionales, los PGE prevén 36 millones de los que tres millones serán subvenciones a los pueblos de las áreas de influencia socio-económica; se harán inversiones en los centros de visitantes de Picos de Europa y Guadarrama y gestión en los Parques de Cabañeros y Tablas de Daimiel. También se gastarán 500.000 euros en los centenarios de Ordesa y Picos.
En el capítulo de las políticas de cambio climático, María García ha indicado que lejos de reducirse, los presupuestos aumentan en un 5,23 por ciento respecto a los de 2017. Así, el presupuesto global alcanza 55,52 millones de euros, de los que el 19,52 por ciento están en el presupuesto de la Oficina Española de Cambio Climático y el resto en los programas sectoriales.
La secretaria de Estado ha defendido la apuesta del Gobierno por la política de mitigación y adaptación frente a la de compra de derechos de emisión. Por ello, ha indicado que el presupuesto de adaptación llega a 35,5 millones de euros (4,4% más que en 2017); el de mitigación, 17,5 millones, un 24% más que hace un año y ha subrayado el aumento del Fondo de Carbono, hasta los 12 millones de euros lo que supone una crecida del 30,5 por ciento.
A ese respecto, ha negado la reducción presupuestaria en cambio climático pero admite la dificultad para encontrar las partidas porque no todas están en la Oficina Española de Cambio Climático sino en otras unidades de otros departamentos ministeriales porque para el Gobierno esta cuestión es «transversal».
En definitiva, la secretaria de Estado ha defendido que se trata de unos presupuestos «coherentes», «sostenibles» y «responsables» con la línea del Gobierno, que están distribuidos en base a una planificación «rigurosa» y una priorización «adecuada» con un programa de actuaciones que permite conocer lo que se hace con los recursos, que estos se empleen de forma sostenible y que cuenten con lo suficiente para hcaer «lo necesario» en materia ambiental.
«Los españoles no esperan que se gaste todo lo que se pueda, sino que se puede gestionar los recursos públicos de manera eficaz, conseguir una mejor gestión ambiental y cumplir con los compromisos en materia de cambio climático», ha asegurado.
OPOSICIÓN
En su intervención, el diputado del PSOE Gonzalo Palacín ha reconocido el incremento presupuestario pero recuerda que la cifra es un 22 por ciento inferior a 2010 y ha criticado que las partidas que menos aumentan son «las más necesarias» para combatir el reto del cambio climático, cuya reducción presupuestaria, según afirma, es del 20 por ciento por lo que lamenta que el Ministerio no «lidere» este ámbito.
Para el diputado de Unidos Podemos Juan López de Uralde «queda claro» que España no tiene un Ministerio de Medio Ambiente por la «falta de voluntad política» del Gobierno ante estos presupuestos que tilda de «menguantes» y ha lamentado que la mayor parte del presupuesto ambiental se destine a infraestructuras de agua.
«Ante el problema global al que nos enfrentamos, ustedes responden con una reducción presupuestaria. Para nosotros es inaceptable», ha apostillado.
En la misma línea, el diputado de Unidos Podemos Pedro Abrojo ha criticado que las inversiones del Ministerio se centran en grandes presas a las que ha calificado de «inútiles, caras y peligrosas».
Por el contrario, el diputado de C’s José Luis Martínez considera que estos presupuestos son «buenos» porque destinan el 56 por ciento al gasto social pero ha criticado también el descenso de las partidas de cambio climático y contaminación del aire porque se envía «un mensaje confuso» y «contradictorio» a los ciudadanos y «denota el escaso peso del Ministerio de Medio Ambiente en el Gobierno».
«Hasta los empresarios han pedido al Gobierno que haya en 2018 una ley de cambio climático eficaz, estable y esperamos que vaya acompañada de su propia dotación presupuestaria», ha apuntado Martínez.
Por su parte, el diputado de PdeCat Antonio Postius ha preguntado a la secretaria de Estado por las inversiones ministeriales en Cataluña y en concreto para regenerar el litoral costero así como por actuaciones en la red de caminos de la Confederación hidrográfica del Ebro en algunos de sus puntos.