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Cs lleva al Congreso una ley para “regenerar” la Universidad con más control interno y financiación por calidad

La formación pide apoyo al resto de partidos para tramitarla alegando que devolverá la “credibilidad” a los centros.

Ciudadanos ha presentado en el Congreso una proposición de ley exigiendo más rendición de cuentas por parte de la Universidad, un mayor control interno y externo de las instituciones, y financiación según su calidad y excelencia, tanto en docencia como en investigación. El objetivo es evitar que vuelvan a ocurrir casos como el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su Máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La formación naranja ha presentado este viernes en el Congreso una proposición de ley, que registrará la próxima semana, en la que se recoge, a través de 15 artículos, las medidas que consideran necesarias para una “regeneración” de la Universidad, así como para devolver a esta institución la “credibilidad” que, a juicio del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha perdido en los últimos meses.

Durante su intervención, Rivera ha reconocido que este texto no busca poner fin a todas los problemas que sufre la Universidad en España. La intención de los ‘naranjas’ con esta norma es poner “soluciones prácticas y concretas” a algunos de los temas que más está preocupando a la sociedad en la actualidad. Unas medidas que, según ha apuntado “se pueden conseguir a corto plazo”.

La portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, Marta Martín, ha explicado que esta nueva ley pretende, fundamentalmente, mejorar la “autonomía y rendición de cuentas” de las universidades, tanto públicas como privadas y, para ello, se van a exigir cuatro puntos importantes: una mejora del control interno y externo de las instituciones, una reforma del sistema de acceso a plazas universitarias y cambiar, también, el sistema de financiación de la Universidad, premiando la calidad.

Martín ha señalado que los dos primeros puntos, el control interno y externo de la institución, deben servir para exigir a los centros una mayor rendición de cuentas ante la sociedad. En cuanto al control externo, lo debería llevar a cabo el Consejo Social, un órgano que, actualmente, está elegido por las propias universidades. “Nosotros proponemos que sean seleccionados por méritos y capacidad”, ha indicado la diputado, para señalar que estos expertos tampoco deberán tener “mochila política”.

Según ha explicado, también sugieren que este Consejo Social tenga más capacidad de ejecución, así como de supervisión a las cuentas de las universidades.

GARANTÍAS ANTIPLAGIO

En este sentido, la portavoz naranja recuerda que también existe la Alta Inspección Educativa, responsable de garantizar que el Gobierno y las comunidades autónomas cumplen con la legislación. En este caso, Ciudadanos pide que se desarrolle definitivamente para que “funcione realmente”.

En referencia a los controles internos, la diputada ha reclamado una unidad de transparencia e interinidad en cada centro, formada por gente externa a él, para que aquellas personas que tengan sospechas de irregularidades, puedan denunciarlo de manera anónima. Esto evitará que, en situaciones como el caso de Cifuentes, la información no se tenga que filtrar a la prensa, ante la falta de un lugar donde hacerlo, ha indicado Martín.

Pero, además, la formación que preside Rivera quiere tener garantías “antiplagio” para aumentar la “calidad académica”, de manera que sea muy difícil, no sólo obtener calificaciones o títulos que no se han cursado, sino que tampoco puedan copiarse los trabajos universitarios, como ha ocurrido, también, con algunas tesis de cargos de la propia institución.

En cuanto a las otras dos medidas, el responsable del Área de Empleo y Economía de Ciudadanos, Luis Garicano, ha señalado la importancia de cambiar el sistema de obtención de plazas que, a su juicio, evitará que haya personas en la Universidad española que se inventen máster o que “sean capaces de firmar certificados falsos de tribunales que no ocurrieron”.

PLAZAS ABIERTAS Y UN TRIBUNAL DE EXPERTOS

A su juicio, esto se debe a que la concesión de plazas “no se hace con criterio” y ha explicado que se suele escoger a alguien de la propia casa, que también puede elegir al tribunal que le juzga. Además, ha apuntado que la información sobre las convocatorias no está siempre al alcance de todos.

“Por eso planteamos en nuestra ley que las plazas se hagan por convocatoria pública y con fechas fijadas, que se puedan hacer dos veces al año, y que se anuncien en un portal unificado”, ha señalado en su intervención. El texto, según ha explicado, también precisa que el tribunal será elegido por méritos académicos o científicos, entre otros requisitos, como la experiencia.

Garicano también ha señalado la intención de su partido de cambiar el sistema de financiación de estas instituciones, manteniendo la partida general pero vinculando la financiación “adicional” al rendimiento académico y de investigación. “No se trata de quitarle dinero a nadie, sino que vaya ligado a la calidad”, ha declarado, para defender que es necesaria la competitividad para lograr un mayor nivel.

Esta premisa también ha sido defendida por el líder de Ciudadanos, que, para cerrar el acto, ha insistido en la importancia de que el resto de partidos apoyen esta ley naranja. En este sentido, Rivera ha bromeado con la posibilidad de “sospechar” del currículum académico de aquellos cargos públicos de otros partidos que no estén de acuerdo con estas medidas.