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viernes, 29 marzo 2024
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La investidura de algunos consellers y como prometan puede condicionar el levantamiento del 155

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Torra quiere restituir a los cesados y la ley no especifica tomar posesión presencialmente.

El intento de investidura de exconsellers presos o en el extranjero y la fórmula con la que asuman el cargo puede condicionar el levantamiento de la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución.

Diversas fuentes consultadas por Europa Press recuerdan que el Senado fijó una caducidad para el 155 y que su aplicación finalizará en el momento exacto en que tomen posesión todos los miembros del Govern.

Por tanto, no finalizará cuando el presidente electo, Quim Torra, tome posesión este jueves previsiblemente, sino cuando lo hagan también sus consellers, algo para lo que no hay un plazo estipulado.

Torra ya ha avisado de que su voluntad es restituir al máximo el Govern cesado de Carles Puigdemont y por eso propondrá a todos quienes fueron sus consellers que repitan en el cargo.

El delegado del Gobierno, Enric Millo, ha señalado en varias ocasiones que el 155 acaba con la toma de posesión del Govern, pero también ha subrayado que ese Govern debe ceñirse a la legalidad vigente y comprometerse «públicamente» a acatar la ley.

Además, se ha mostrado contrario a que haya consellers con causas judiciales abiertas, en prisión o en el extranjero, aunque ha precisado que jurídicamente no es exigible.

La Ley de la Presidencia catalana regula el nombramiento de los consellers y no especifica que su toma de posesión deba ser presencial, aunque sería inédito desde que se restituyó la Generalitat en la democracia.

Tanto el Gobierno central como la Abogacía del Estado estarán atentos al cumplimiento estricto de la ley y estudiarán a fondo cualquier medida que suponga alterar el orden constitucional y estatutario.

ACATAR LA CONSTITUCIÓN

Ni Puigdemont ni sus consellers citaron al Rey ni la Constitución en su toma de posesión, lo que generó polémica y acabó en los tribunales, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) indicó que no existe obligación legal de hacerlo y les eximió de eso.

Torra ya ha dicho que usará la misma fórmula para tomar posesión que la que utilizó Puigdemont, que fue ‘cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament’.

CONSELLERS CESADOS

Torra quiere «restituir» a todos los consellers cesados el 27 de octubre de 2017 con la aplicación del artículo 155, siempre que los interesados lo deseen, y entre los exmiembros de aquel Govern existe disparidad de posicionamientos.

Todos los exconsellers de ERC menos Toni Comín han expresado su deseo de no ser restituidos –Comín quiere hablar con Torra antes de decidir–; y tres de los exconsellers de JxCat sí están en disposición de volver a serlo: Jordi Turull, Josep Rull –en la cárcel– y Lluís Puig –en Bélgica–.

Desde ERC siempre se ha apostado por hacer un Govern «efectivo», es decir, que pueda trabajar desde el primer día sin problemas legales, mientras que JxCat es más partidario de restituir al Govern cesado.

Sin embargo, también hay consellers de JxCat que no están en disposición de querer volver a sus antiguos cargos: Joaquim Forn –en la cárcel– dejó el escaño y afirmó su voluntad de no repetir en cargos institucionales, y Meritxell Borràs –en libertad provisional– ya no quiso estar en las listas del 21-D.

El debate sobre si debe haber o no exconsellers cesados ha hecho que la composición del Ejecutivo aún no esté cerrada, aunque ERC ya ha verbalizado algunos nombres: Ester Capella (Justicia) y Teresa Jordà (Agricultura).

También se da por descontada la presencia del republicano Pere Aragonès (Vicepresidencia y Economía) y de Elsa Artadi (de JxCat), y también se contemplan los nombres como el de Chakir el Homrani (ERC) para Asuntos Sociales y Joan Ignasi Elena en una cartera por determinar.

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