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Cs pide al Gobierno combatir el ‘turismo de borrachera’ facilitando el cobro de las multas a extranjeros

Ciudadanos quiere que el Gobierno se implique contra el llamado ‘turismo de borrachera’ facilitando que las corporaciones locales interpongan y cobren sanciones a extranjeros por comportamientos incívicos.

Así figura en la batería de preguntas, a la que ha tenido acceso Europa Press, que los diputados de la formación naranja José Cano Fuster, José Luis Martínez y Marta Martín han registrado en el Congreso, y para las que piden al Gobierno contestación escrita.

Y es que, tal y como relatan en su exposición de motivos, muchas ciudades turísticas, especialmente costeras, “sufren cada vez más las consecuencias generadas por conductas incívicas, provocadas por personas cuyo fin es visitar la ciudad para celebrar fiestas de diversa índole”.

Esta misma semana un turista británico de 18 años se ha convertido en la cuarta víctima mortal del ‘balconing’ en Magaluf, tras caer al patio interior de un edificio de apartamentos. Según apuntan las primeras indagaciones, el accidente estaría relacionado con la ingesta excesiva de alcohol.

Ciudadanos cita en su iniciativa las “despedidas de soltería”, pero también “la predisposición de determinados turistas a pasar sus vacaciones bebiendo”, lo que origina “acciones incívicas y molestas sin aparente control” que deben soportar residentes y visitantes.

‘ORDENANZAS CÍVICAS’ DE EFICACIA LIMITADA

Ante ello, destacan que muchos municipios han impulsado ‘ordenanzas cívicas’ con el fin de sancionar el consumo de alcohol, el ofrecimiento de juegos que impliquen apuestas con dinero, o comportamientos que, bajo la apariencia de mendicidad, o bajo formas organizadas, representen actitudes de acoso o impidan el libre tránsito de los ciudadanos por la vía pública.

Sin embargo, lamentan que la eficacia de estas sanciones quede diluida ante las “trabas legales” de carácter competencial que tienen lugar a la hora de sancionar a personas extranjeras cuya residencia se encuentra fuera del territorio nacional.

Unas dudas que puestas en manifiesto durante la tramitación de una de estas ordenanzas, en el Ayuntamiento de Benidorm, que se encuentra en período de alegaciones. En este proceso, relatan, han surgido dudas sobre la efectividad de estas sanciones para estos visitantes.

“Lo peor de todo”, critican, “es que estos impedimentos estos visitantes los conocen perfectamente, creando una sensación de impunidad para sus acciones”, por lo que piden saber si el Gobierno contempla “dotar de capacidad de acción a las administraciones locales para ayudar a frenar estas conductas que degradan los destinos turísticos”.