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El Gobierno anuncia una ley para modernizar la Universidad y garantizar que no se pierde talento por falta de recursos

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado este jueves, que propondrá una nueva Ley de Universidades para su “modernización e internacionalización” que estará “comprometida con la educación pública” y que garantice que “ningún talento se malogra por falta de recursos”.

“Abrimos el camino para que toda la comunidad universitaria participe en ese debate esencial para que, antes de que finalice la legislatura, este Ministerio haya recorrido un camino suficiente para preparar la nueva Ley”, ha explicado durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso.

Duque no ha dado detalles sobre el texto porque, según ha indicado, primero quiere escuchar a la comunidad universitaria, pero ha adelantado que una de sus prioridades será impulsar, previo acuerdo del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) que reforme de manera sostenible la carrera del profesorado universitario.

El ministro ha indicado que este programa defenderá un modelo de PDI basado “en la estabilidad de la carrera profesional” y “sin olvidar los principios de transparencia, concurrencia, mérito y capacidad, siempre atendiendo a la autonomía de las universidades y a la heterogeneidad de los ámbitos de conocimiento”. En concreto, ha señalado que la convocatoria del conjunto de las plazas estructurales se hará pública en un registro único de todas las universidades.

En materia de universidades, Duque también ha hablado de contemplar “medidas urgentes” para hacer frente al “envejecimiento existente en las plantillas universitarias” y para adaptar las necesidades docentes e investigadoras “cada vez más cambiantes y diversas”.

Del mismo modo, se ha referido a la creación de un Estatuto Básico del Profesor Asociado, que “impida su abuso y delimite sus funciones” a través de un proceso de negociación y diálogo con el Consejo de Universidades, la CRUE, la Conferencia General de Política Universitaria y con la ANECA, para “alcanzar unos criterios de acreditación adecuados al sistema universitario español”.