El Gobierno percibe como una buena señal que el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, esté pidiendo ya un segundo encuentro en septiembre con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el que se entrevistará por vez primera este lunes 9 de julio en el Palacio de la Moncloa.
Así lo ve al menos la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, que interpreta que si Torra está solicitando ya un segundo encuentro con Sánchez es porque quiere que el primer encuentro salga bien, según ha comentado en conversación informal con periodistas en el acto de toma de posesión de la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega.
Batet ha confirmado que no habrá un orden del día formal y cerrado previamente de la reunión entre Sánchez y Torra, como solicitaba ERC buscando que el Ejecutivo diera carta de naturaleza a la reivindicación independentista de negociar un referéndum pactado.
El Gobierno, por boca primero de la vicepresidenta, Carmen Calvo, y luego de Batet, ha trasladado a Torra que tiene total libertad para plantearle a Sánchez lo que estime oportuno, si bien el Ejecutivo ha dejado claro que no negociará un referéndum pactado, porque la Constitución no reconoce el derecho de autodeterminación y no es pretensión del Gobierno que lo reconozca en una eventual reforma de la Carta Magna.
REDUCIR LOS LITIGIOS EN EL TC
Torra ha avanzado que planteará a Sánchez «cómo culminar el ejercicio del derecho de autodeterminación que empezó con el referéndum del 1 de octubre», pero también le pedirá que retire las impugnaciones del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional contra leyes sociales catalanas que el Parlament aprobó en la pasada legislatura, opción esta última que el Ejecutivo de Sánchez sí está dispuesto a estudiar.
En la sesión de control al Govern este jueves en el Parlament, Torra ha adelantado que haya o no acuerdos en esta primera reunión con Sánchez hará «todo lo posible para que se mantenga el diálogo».
El Gobierno español confía en alcanzar acuerdos con la Generalitat de sobre cómo cumplir «compromisos» sobre infraestructuras, inversión y financiación de la comunidad autónoma, así como para reducir la conflictividad en el Tribunal Constitucional y que el Govern vuelva a los órganos de cooperación en los que no participa, según avanzó Batet el miércoles en sede parlamentaria.