El Ministerio para la Transición Ecológica ha mostrado su «preocupación» por que España se vea obligada a asumir la sanción económica de 12 millones de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) por incumplir las normas europeas sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, pero ha anunciado que ya está trabajando en medidas de choque que se concretarán en un Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización.
El Plan enumerará y priorizará las actuaciones a llevar a cabo, y establecerá los criterios generales (económicos, sociales y ambientales) que deben aplicarse para comprobar si esas actuaciones son viables.
También definirá el papel de las distintas administraciones y sus ámbitos de responsabilidad en el proyecto, evaluación, construcción y explotación de las actuaciones contempladas.
El objetivo del Plan es garantizar una gestión sostenible basada en el ciclo integral del agua y aportar transparencia a los escenarios de gestión. Entre otros factores, prestará especial atención al aprovechamiento del potencial de tratamiento de las aguas residuales para avanzar en economía circular, eficiencia energética y en materia de generación de energía (como el aprovechamiento de los lodos de depuradora para generar energía).
En la sentencia de este miércoles, el TUE declara que España no ha cumplido su obligación de acatar la sentencia que ya dictó en 2011, que confirmaba este incumplimiento, porque al finalizar el plazo fijado por la Comisión Europea para su ejecución (31 de julio de 2013), un total de 17 aglomeraciones seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de aguas residuales urbanas. Aunque el fallo se reduce a nueve de las 38 iniciales aglomeraciones incluidas en el expediente de 2011.
Según destaca el Ministerio, son las administraciones locales las competentes en la materia de aguas residuales, y subsidiariamente las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado.
Además de los 12 millones de sanción, el TUE ha impuesto una multa coercitiva de 10,95 millones de euros a España por cada nuevo semestre de retraso, contando desde este miércoles, y hasta que se ejecute totalmente la sentencia de 2011.