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Interior defiende su protocolo tras un año del atentado en Cataluña: 223 expedientes abiertos y 68 víctimas reconocidas

En una carta de respuesta a Colau, Marlaska sostiene que primará los derechos de los afectados por encima del plazo legal de un año

. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido el trabajo realizado por la Dirección General de Apoyo a las Víctimas y ha prometido, ante las quejas planteadas por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que será flexible para atender a todos los afectados en la tramitación de por ahora 223 expedientes de ayudas e indemnizaciones generadas por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, Alcanar y Cambrils.

Grande-Marlaska ha expuesto estos datos en una carta de respuesta a Ada Colau, quien había pedido a Interior alargar el plazo para que los afectados por el atentado yihadista en Cataluña puedan solicitar las ayudas establecidas para las víctimas del terrorismo. En concreto transmitió problemas burocráticos por el límite de un año para acceder a las ayudas.

En su misiva del 11 de julio, Grande-Marlaska asegura que “los posibles casos” que excedan el año marcado por ley “serán estudiados con detalle por el Ministerio en la búsqueda de una solución en la que, por supuesto, primen los derechos de los afectados por encima de los plazos legales”.

También recuerda el ministro que estos posibles problemas burocráticos fueron tratados el 5 de julio entre los técnicos de Interior y la unidad de atención a las víctimas de Barcelona. Esta última unidad firmó un convenio para sumarse a la prestación de ayuda psicológica.

Según los datos manejados por Interior en un reciente informe al que ha tenido acceso Europa Press, la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo activó su protocolo de atención la misma tarde del 17 de agosto, prestando atención psicológica a 24 personas: 16 de Barcelona, una de Castellón, una de Huesca y seis de Tarragona.

Para ello se utilizó la Red Nacional de psicólogos, cuyas terapias se financian por Interior, “evitando que las víctimas las tengan que abonar por anticipado”. A los extranjeros, debido al retorno a sus países de origen, se les ha ofrecido el abono de las terapias que no estén a disposición de sus sistemas sanitarios.

El listado que se utilizó fue el facilitado por la Generalitat, que determinó que ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados en el atentado yihadista. En torno a dos terceras partes de las víctimas eran extranjeras y el resto españoles. Fallecieron 16 ciudadanos: cinco españoles, una de doble nacionalidad y diez extranjeros.

106 EXPEDIENTES DE AYUDA RESUELTOS

El informe detalla que, a fecha de 16 de julio de 2018, se han abierto 223 expedientes de ayudas e indemnizaciones, de los que 106 están resueltos y 117 se hallan en tramitación. Interior recuerda que los expedientes se pueden corresponder a más de una persona si padeció, por ejemplo, secuelas de lesiones y también requirió ayuda psicológica.

“Puede afirmarse que, hasta la fecha, han sido reconocidas 68 víctimas, de las cuales 14 son fallecidas”, señala el documento de Interior, que añade: “Por lo que respecta a los heridos, bastantes de ellos se hallan de baja médica, por lo que no se les indemnizará hasta que sus secuelas sean definitivas. Su reconocimiento como víctima se demora en el tiempo, aunque estén recibiendo alguna ayuda específica”.

Interior recuerda las “múltiples intervenciones” con diferentes administraciones y señala que el plazo de un año que preocupa a Ada Colau no ha prescrito “y todavía se están recibiendo solicitudes”.

“El plazo de un año en caso de daños corporales se computa desde el alto o consolidación de secuelas, por lo que es posible que algunas personas de baja médica las presenten posteriormente al año”, añaden desde el Departamento, que también subraya que “en los casos de afectados psicológicos este plazo empieza a contar desde el momento en que ya exista un diagnóstico acreditativo de la secuela”.