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La Audiencia Nacional avala las escuchas telefónicas del juez del caso ‘Lezo’ a Villar Mir

La Sala respalda que se investigue una conversación en la que se habló de falsificar un certificado médico para evitar ir a declarar.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha inadmitido un incidente de nulidad presentado por la defensa del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir contra el auto en el que se avalaban las intervenciones telefónicas acordadas por el magistrado que investiga el caso ‘Lezo’, Manuel García Castellón.

En esta providencia, los magistrados rechazan admitir el incidente porque “se limita a rebatir los argumentos” que la misma Sala esgrimió en su auto del pasado 19 de junio. En este escrito se avalaron las escuchas telefónicas al empresario –investigado en este caso y en la trama ‘Púnica’– por presuntas donaciones al Partido Popular madrileño a cambio de adjudicaciones de obra en la Comunidad de Madrid.

De esta forma la Sala dio la razón al juez instructor que pinchó el teléfono móvil del empresario. También respaldó la petición del Ministerio Fiscal de no expurgar todo el contenido grabado e investigar una parte en la que los interlocutores hicieron referencia a una posible falsificación de un certificado médico para no acudir a una citación judicial.

La fiscal del caso, Ana Cuenca, consideró que se debía analizar si esta parte de las conversaciones era constitutiva de delito y el magistrado instructor la envió a los juzgados de instrucción de Madrid. La causa cayó en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid, del que es titular Carmen Valcarce.

Respecto al resto del contenido, García Castellón decidió anularlo al entender que vulneraba su derecho a defensa. Por este motivo se suspendió su citación prevista para finales del mes de marzo en el marco del caso ‘Lezo’ y la de su yerno, el también empresario Javier López Madrid.

Fuentes del Juzgado Central de Instrucción número 6 han mostrado su extrañeza porque el Colegio de Abogados se haya pronunciado sobre el asunto denunciando que el magistrado vulneró el secreto profesional y la confidencialidad entre el abogado y su clientes, tal y como recogió ayer el diario ‘El Mundo’.