Lamenta que «nadie» le ha pedido perdón en los 15 años de lucha por el asesinato de su hija a manos de su padre, condenado por maltrato.
Ángela González Carreño, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo, que recoge que el Estado español deberá indemnizarla con 600.000 euros por el asesinato de su hija a manos de su padre, condenado por maltrato, es «un paso gigantesco para la protección de las mujeres, hijos e hijas».
Así lo ha expresado este martes en una rueda de prensa que se ha celebrado en el Consejo General de la Abogacía Española, donde ha estado acompañada de su letrada, Gema Fernández, de la asociación Women’s Link Worldwide.
El pasado viernes, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia por la que condenaba al Estado español a pagar a González, cuya hija fue asesinada en 2003 por su padre condenado por maltrato, aprovechando una visita sin supervisión. Tras la negativa del Ministerio de Justicia y después de que la mujer acudiese a la ONU –que emitió un dictamen en el que afirmaba que el Estado español vulneró los derechos de González y su hija–, el alto tribunal considera que González debe ser indemnizada por daños morales.
«Sé que están haciendo cosas para luchar contra la violencia de género y tengo la esperanza de que esta sentencia sirva para que la justicia nunca más deje a ninguna mujer o niño desprotegidos», ha dicho, al tiempo que ha agradecido «de todo corazón» la ayuda y el apoyo recibidos.
Durante la rueda de prensa, González ha relatado cómo han sido estos últimos 15 años de su vida, de los cuales los diez primeros tanto la Audiencia Nacional (2008) como el Tribunal Supremo (2010) y el Tribunal Constitucional (2011) rechazaron su caso. González, pese a reconocer que tras estas inadmisiones siempre mantuvo un «hilo de esperanza» para que algún tribunal le diera la razón, admite que se le «hundió el mundo».
«No podía entender que durante 10 años nadie se hubiera dignado a leer mi verdad, pensé que el asesinato de mi hija y nuestra dignidad no se podía callar, alguien tenía que responder ante esta gran injusticia. A mi hija la asesinaron porque no se la protegió, fue algo de lo que no me cansé de pedir: protección y vigilancia para ella», ha narrado González, que considera que para la justicia «prevaleció más el interés del padre maltratador» que, a su juicio, la «utilizaba y manipulaba a su antojo» con la «única intención» de hacerle «el mayor daño posible», que la de su hija, que cuando fue asesinada en 2003 tenía siete años.
La justicia permitió en 2002 un cambio en el régimen de visitas, de manera que el padre, un «ser que estaba denunciado por amenazas constantes de muerte» y que había sido denunciado en numerosas ocasiones por González, podía estar con su hija tres horas los jueves de cada semana, «tiempo que estuvo esperando durante tres años para hacer lo que estaba anunciado: matarla». Pese a que cada viernes denunciaba a Servicios Sociales el «estado» en que regresaba su hija de las visitas, González explica que las trabajadoras sociales no informaron al juzgado «de lo que estaba sucediendo». «Si hubieran hecho bien su trabajo quizá no hubieran abierto el régimen de visitas, que es por lo que tanto luché yo, no hicieron bien su trabajo», opina.
«Mi abogada y yo no nos rendimos, alguien tenía que contar esta injusticia en el mundo», ha apuntado González, que insiste en que lo que buscaba era «justicia» para que lo que le ha pasado a ella «no le vuelva a pasar a nadie nunca más».
Para González, estos fueron «años de lucha con muchísima indignación». «Podría decir hasta tristeza, de que el Estado español no me haya escuchado», añade. Pero ahora, con la sentencia del TS, afirma: «Me alegro muchísimo de que esto haya sucedido en mi país». De hecho, reconoce que «nunca» ha ‘tirado la toalla’ y que la «fuerza» para continuar se la ha dado todo este tiempo su hija.
PIDE QUE SE ESCUCHE A LOS NIÑOS
Preguntada sobre si cree que la sentencia del TS cambiará la forma de pensar de los tribunales en casos de violencia de género, González hace hincapié en la necesidad de que haya educación en las escuelas e institutos, pero también en la formación de los profesionales y jueces que atiendan casos de esta índole.
«Yo deseo de verdad, de todo corazón, que esto empiece a funcionar, creo que está empezando a funcionar y deseo que siga funcionando», confiesa la mujer, que también pide que se escuche a los niños, los cuales, «saben perfectamente lo que están pasando» pese a su edad. «Tienen que ser valientes y tienen que salir a contarlo, porque de alguna forma pueden ayudar a que la justicia rectifique», opina. No obstante, asegura que «nadie» le ha pedido perdón en los 15 años que ha durado su lucha.
Tras 15 años de «periplos» judiciales, como ha definido la situación su abogada, González reconoce que aún no es «consciente de si el cuento ha terminado», pero que se siente «aliviada», y ha animado a las mujeres que sufren violencia de género a «luchar». «Al final se ve la luz, se puede descansar, pero hay que seguir luchando con el apoyo de toda la sociedad, porque esta lacra social necesita mucha ayuda y apoyo para erradicarla, de que se vea, de que la entendamos, de que no sea una vergüenza», ha finalizado.
CASO JUANA RIVAS
Según su abogada, Gema Fernández, la sentencia del TS lanza un «mensaje muy potente», que es que «la violencia de género puede imputarse al Estado». Además de tener que indemnizar a González, el documento del Supremo se enfoca en otras cuatro medidas: investigar cuáles fueron los fallos, tomar las medidas adecuadas y reforzar el marco legal para que los antecedentes de violencia de género se tengan en cuenta en el régimen de visitas; y la formación obligatoria de jueces en casos de este tipo.
Para la letrada, la sentencia constituye una «herramienta» para trabajar con otros casos similares, como es el de Juana Rivas. En este sentido, sostiene que está habiendo «pequeñas pinceladas» que dan la «esperanza» de que «se está incorporando una perspectiva de género en la justicia» y que está influyendo «el contexto en que las mujeres toman las decisiones que toman». «Ojalá que en el caso de Juana Rivas se pueda mirar el conjunto de su situación para entender las decisiones que tomó», concluye la abogada.