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viernes, 29 marzo 2024
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Defensor del Pueblo urge a reformar la ley electoral para que todas las personas con discapacidad puedan votar en mayo

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El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha reclamado la reforma la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que todas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo puedan ejercer su derecho al voto de manera en las próximas elecciones europeas, autonómicas y municipales que tendrán lugar en 2019.

«La LOREG debe reformarse en la línea sugerida por el Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas a España en 2011 para que todas las personas con discapacidad, independientemente de su condición jurídica, tengan derecho a votar, y en caso de que la reforma contemple alguna excepción quepa solo en supuestos de plena inconsciencia o absoluta falta de conocimiento de la persona, supuestos que habrán de interpretarse restrictivamente», ha afirmado Fernández Marugán en una entrevista en ‘Cermi.es semanal’.

La privación del derecho de voto está estrechamente relacionada con la modificación de la capacidad jurídica, una circunstancia que deja fuera de la participación política a más de 80.000 personas. Por ello, Marugán señala que hay que pasar de un modelo de «sustitución de la voluntad» a otro de «apoyo y complemento en la realización de actos y la adopción de decisiones, que se proyecte únicamente donde sea estrictamente necesario».

Por otra parte, coincidiendo con el inicio del curso escolar, el Defensor del Pueblo pide que se garantice el derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad y subraya que las administraciones «deben adoptar medidas normativas y presupuestarias» para asegurar que la atención educativa de las personas con discapacidad se realiza de acuerdo con los principios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Igualmente, recuerda que la escolarización en centros de educación especial debe ser de carácter «excepcional y residual» y que, para ello, se tiene que tener en cuenta «siempre» la opinión de las familias y dotar suficientemente de recursos materiales y humanos a los centros ordinarios para atender a los alumnos con discapacidad de forma adecuada.

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