La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado este miércoles en el Congreso de los Diputados dimitir tras la polémica surgida por las gestiones llevadas a cabo en relación a la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ha instruido la causa por el proceso soberanista en Cataluña, ante los tribunales belgas por la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha destacado ante el PP que su nombre no aparece en ningún sumario de un caso de corrupción.
Ante la pregunta de la diputada ‘popular’ María Jesús Bonilla sobre «cuándo va a dimitir», la ministra ha respondido inicialmente con una sola frase: «No voy a dimitir». Ya en una segunda intervención, Delgado ha acusado al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy, de haber dejado España en una «situación de degeneración institucional, que nos está costando levantarlo y no se imagina cuánto».
«Había un desasosiego social por este constante goteo de casos de corrupción que ha demostrado la existencia de una corrupción sistémica en el PP», ha continuado la ministra, para insistir en que no piensa presentar su dimisión porque su nombre «no sale en sumarios como por ejemplo ‘Púnica’, ‘Lezo’, ‘Gürtel’, ‘Pokemon’, ‘Brugal’ o ‘Palma Arena'». «Yo nunca he pagado indemnizaciones en diferido. Mi nombre no sale en ningún listado como ‘Dolores D.’, ni como ‘D. Delgado’, ha ironizado.
Con todo ello, Delgado ha concluido diciendo que en los 100 días de Gobierno de Pedro Sánchez «no solo hablamos de corrupción, hablamos de política» porque se está trabajando por los «servicios sociales, hay diálogo, por la igualdad, por el desarrollo, la cohesión social, la cohesión territorial y por la convivencia».
UNA «DEJACIÓN DE FUNCIONES INTOLERABLE»
Asimismo, ha hecho un breve recordatorio de las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia «en línea de transparencia y de la modernización de la Justicia» y ha hecho referencia a la gestión de la defensa del magistrado de Supremo destacado que además de todo esto ha «tenido tiempo de defender la soberanía de jurisdicción con todas sus consecuencias».
No obstante, Bonilla considera que la «dejación de funciones intolerable» de Delgado es motivo suficiente para que deje el cargo, ya que ha «traicionado a los intereses de España». Según ha dicho, recordando la cronología detallada que este martes expuso la propia ministra ante la Comisión de Justicia de la cámara baja, Justicia no hizo nada desde que tuvo conocimiento del asunto el pasado 10 de julio, a través de una comunicación del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
No informó hasta el 23 de agosto por un comunicado –que fue ratificado al día siguiente por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y rectificado desde Moncloa dos días después, ha recordado– que «defenderán la inmunidad de la jurisdicción de los tribunales españoles, pero en ningún caso asumirá la defensa del magistrado», ha afirmado Bonilla, que ha agregado que eso significa «dejar tirados al magistrado y a la soberanía española».