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jueves, 28 marzo 2024
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El Congreso convalida mañana el decreto que adapta al derecho español el reglamento de protección de datos de la UE

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El Pleno del Congreso convalidará este jueves el decreto aprobado el 27 de julio por el Gobierno, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuyo texto contiene medidas urgentes para adaptar el derecho español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos y asegurar así que se aplique en el país. Además de el PSOE, el Ejecutivo contará también con el apoyo de Unidos Podemos y Ciudadanos para sacar adelante el texto.

La adaptación del marco normativo interno al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo ya fue tratado por el Consejo de Ministros el pasado 10 de noviembre y supuso la aprobación de un proyecto de ley orgánica, remitido a las Cortes Generales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria.

Aun así, el actual Ejecutivo entiende que determinadas cuestiones que no son objeto de reserva de ley orgánica requieren la adopción de una norma con rango de ley para adaptar el derecho español al europeo.

Según ha explicado Justicia, este reglamento regulará aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para que se garantice la protección de los datos personales, dado que aportan la seguridad jurídica necesaria.

En este sentido, el decreto fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el reglamento europeo y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. También determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

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Además, el reglamento europeo establece un régimen sancionador aplicable en España, pero no regula cuestiones como los plazos de prescripción o las sanciones, al considerar que deben fijarse en el ordenamiento interno de los estados, según ha informado el Ministerio de Justicia. Para el departamento que dirige Delgado, estos dos principios son «básicos» para garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos abiertos y proteger los derechos de los ciudadanos.

En cuanto a la prescripción de las sanciones, el decreto opta por mantener los mismos tiempos que actualmente establece la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), por lo que fija un plazo de un año para las inferiores a 40.000 euros, dos años para las comprendidas entre 40.000 y 300.000 euros y tres años para las superiores a dicha cuantía.

Por otra parte, el reglamento crea un procedimiento de cooperación entre los países de la Unión Europea en los supuestos de tratamientos denominados transfronterizos, con la participación de todas las autoridades implicadas, pero no regula el modo en que el derecho interno de los Estados habrá de verse afectado como consecuencia de los trámites previstos en la propia norma europea para estos procedimientos.

TRES TIPOS DE TRATAMIENTOS

La aplicación del reglamento de protección de datos exige en muchos casos recabar el criterio de las autoridades de protección de datos de otros Estados miembros de la Unión Europea para actuar de forma coordinada en aquellos supuestos que afecten a varios países.

De este modo, el reglamento europeo distingue en la práctica tres tipos de tratamientos a los que aplica distintas normas: los transfronterizos con relevancia local en un Estado miembro y aquéllos exclusivamente nacionales. En el caso de los dos primeros, la regulación europea establece la obligación de que la autoridad principal someta los distintos proyectos de decisión a las restantes autoridades.

Con todo, este decreto incluye la previsión de suspender los procedimientos cuando sea necesario recabar el parecer de las autoridades de otros estados europeos. Justicia advierte de que, de no hacerlo así, esos expedientes podrían caducar, con las consecuencias negativas que ello conlleva no sólo respecto de la aplicación en España del reglamento europeo, sino para la garantía del derecho fundamental de los ciudadanos europeos.

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