Delgado destaca que si este privilegio sólo se tuviese por el ejercicio de un cargo, Casado estaría imputado por su máster.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha afirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados que se está estudiando la reducción del «excesivo» número de aforados, pero considera necesario mantener esta figura para diputados y senadores para proteger su «inmunidad» frente al Poder Ejecutivo. Esto significa que los aforados sólo tendrían este privilegio en los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo.
Así lo ha explicado Delgado durante su intervención en una interpelación urgente solicitada por Ciudadanos, que ha exigido que cumplan este compromiso adquirido con la formación ‘naranja’ en febrero de 2016 cuando Sánchez intentó formar gobierno y después con el PP. «La intolerable figura del aforamiento ha convertido la igualdad en papel mojado», ha dicho el vicepresidente del Congreso y diputado de Ciudadnos, Ignacio Prendes.
Prendes ha señalado que el aforamiento es una «anomalía de carácter universal» porque mientras que en España hay «prácticamente 17.000 aforados», en Francia hay una decena; en Portugal e Italia sólo uno; y en Alemania, Estados Unidos o Reino Unido, ninguno.
La responsable Justicia ha coincidido con Prendes en la necesidad de «afrontar y retomar la cuestión de los aforamientos» para garantizar la «regeneración democrática» y porque «todos somos iguales ante la ley, nadie está por encima de la ley». Por ello, ha encargado a la Sección Procesal de la Comisión General de Codificación, órgano asesor del departamento en materia legislativa, un estudio «riguroso» sobre la supresión de los aforamientos manteniendo solo aquéllos que, de manera excepcional, sean indispensables, «que son los que tienen inmunidad parlamentaria».
GARANTIZAR EL PODER LEGISLATIVO FRENTE AL PODER JUDICIAL
Se trata de dar «garantía al Legislativo frente al Poder Judicial, manteniendo la necesidad de pedir el suplicatoria cuando se quiera proceder contra parlamentarios», ha apostillado. Aún así, ha apuntado que hay que tener «un cierto realismo» a la hora de afrontar un cambio normativo porque en España hay más de 16.000 con un «privilegio procesal» de distinto rango regulados por la Constitución, leyes ordinarias y autonómicas.
Para explicar cuál sería el resultado de una nueva regulación, ha hecho alusión a la situación del presidente del PP, Pablo Casado, por su las presuntas irregularidades con su máster cursado en la Universidad Rey Juan Carlos y ha manifestado que si el aforamiento «lo ciñiésemos al ejercicio de los cargos o los hechos cometidos en el propio cargo, a lo mejor el señor Casado estaría imputado como el resto de sus compañeros». Una manifestación que ha sentado mal en la bancada ‘popular’, por lo que su portavoz, Dolors Montserrat, ha pedido que la retire.
Delgado ha proseguido diciendo que hay que dar «ejemplo de comportamiento ético democrático, estandarizar actitudes y comportamientos de regeneración democrática, asumir una cultura de regeneración democrática sin esperar a que nos echen o sin esperar a que nos apoyen con abstenciones» y ha puesto como ejemplo a su ya ex compañera en el Consejo de Ministros, Carmen Montón, que dimitió este martes por la noche por un asunto similar al de Casado. Con todo ello, también ha acusado a los de Albert Rivera de «haberse puesto de perfil a la hora de reconocer que en el PP se instituyó una corrupción sistémica».
«TEATRILLO»
Por su parte, durante el debate, Prendes ha acusado a la ministra socialista de estar haciendo un «teatrillo» porque, según ha dicho, el aforamiento es una figura que se ha mantenido por el PSOE y el PP «para no recibir el mismo trato en los juzgados que el resto de españoles». El diputado ‘naranja’ ha recordado que uno de los «eslógan» del Gobierno de Sánchez es la «dignidad» y considera que «en 100 días han hecho poco sobre este asunto».
Es más, ha afeado que Delgado haya hablado de transparencia durante su intervención cuando este lunes el Gobierno socialista ejerciese su derecho de veto para impedir la tramitación de una proposición de ley de transparencia en universidades, alegando que supondría un incremento del gasto de cinco millones de euros.