La Fiscalía pide condenar a dos años y medio de cárcel a 11 participantes de la protesta convocada por los Comitès de Defensa de la República (CDR) ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrero por desórdenes públicos, y a un año de cárcel a otros dos encausados por delitos de desobediencia y resistencia grave.
En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que un grupo de unas 200 personas convocadas por los CDR, la CUP, Arran y otras organizaciones independentistas, se congregaron sobre las 8.00 horas de ese día a las puertas del TSJC, y «de mutuo acuerdo y con la finalidad de impedir el normal funcionamiento del tribunal», cerraron y bloquearon las puertas con cadenas.
Algunos de los concentrados se encadenaron entre ellos y a las columnas exteriores del edificio mientras otros permanecían sentados en las escaleras de la puerta principal, desplegando pancartas con mensajes como ’23F, paremos el golpe de estado; es la hora del pueblo; solo el pueblo salva al pueblo, CDR’ y repartieron un manifiesto en el que mencionaban que su objetivo era ‘bloquear este Tribunal Superior de Justicia de Catalunya’.
La fiscal detalla que mientras los acusados «imposibilitaban el acceso del personal y del público en el interior del edificio», un grupo numeroso de manifestantes se concentraba delante del mismo ocupando el paseo Lluís Companys.
Considera que los acusados hicieron caso omiso a las órdenes de los agentes de los Mossos d’Esquadra que les requirieron para que abandonaran el lugar «con pleno desprecio hacia el principio de autoridad», y añade que la falta de colaboración les obligó a cortar las cadenas con unas cizallas.
También recoge en su escrito que un grupo, posteriormente, trató de superar la línea policial y que entre ellos, dos propinaron una patada y una patada y un puñetazo a los agentes, que no sufrieron lesiones, por lo que pide para estos dos un año de cárcel por desobediencia y resistencia grave.
Asimismo, apunta a que se tardó una hora en restablecer el acceso al edificio y que se necesitaron más de un centenar de agentes para reabrir la vía al tráfico, ya a las 10.15 horas.
Para el colectivo Alerta Solidària, que lleva la defensa de los acusados, que se estén pidiendo penas de prisión por una «legítima protesta» demuestra a sus ojos la prueba más evidente de la irracionalidad del sistema penal.
«Se persigue hasta la obsesión la militancia independentista y se blindan de impunidad constantes muestras de violencia e intimidación españolista. Como era de esperar, ningún cambio real en la política represiva del Gobierno de Madrid», reflexionan.