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La Fiscalía ve “insuficiente” la valoración del riesgo policial de las víctimas de violencia de género que denuncian

Admite que los casos como el de Juana Rivas, de sustracción de menores por víctimas de violencia de género, “no tienen fácil solución”

. La Fiscalía General del Estado señala que es “objetivo prioritario” adecuar la protección de las víctimas de violencia de género que se deciden a denunciar con el riesgo real y considera “insuficiente” la valoración policial.

Según indica el Ministerio Fiscal en su Memoria 2017, publicada este lunes 10 de septiembre, es “imprescindible” que los informes policiales se complementen con otras investigaciones periciales “más completas”, mediante la implantación “urgente en todo el territorio y todas las autonomías” de las unidades de valoración forense integral.

Asimismo, admite que las víctimas con orden de protección vigente es el colectivo que “mayor preocupación” genera a este departamento dirigido por María José Segarra y señala que debe ser objeto de un “detenido análisis”, a fin de comprobar la valoración policial del riesgo, el seguimiento policial dispuesto, las medidas solicitadas y concedidas, si existía informe forense sobre el riesgo y si se ofreció la posibilidad de efectuar un control de la medida por medios telemáticos.

Concretamente, apunta que sólo en un caso se estableció el control por medios telemáticos de las medidas de alejamiento, pese a que en ocasiones existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores.

“Especialmente impactante fue la muerte en 2017 de una mujer que había denunciado en diferentes ocasiones a su marido”, señala la Fiscalía. Tras dictar un juez la libertad del agresor, este acudió a la salida del colegio y, delante de su hijo y de otros menores, disparó contra su mujer y la mató.

POCAS DENUNCIAS DE FAMILIARES

El Ministerio fiscal pone el acento también sobre las denuncias previas por malos tratos contra los agresores por parte de las fallecidas. Sólo 11 de las 53 víctimas mortales por violencia de género la habían presentado, el 20,7%, una “reducción importante” respecto al año anterior en el que este dato alcanzó el 30,7%.

“Es necesario seguir luchando para conseguir la confianza de la víctima en la respuesta judicial y facilitarle apoyo y asesoramiento a lo largo del proceso para impedir que se vuelva atrás”, subrayan los fiscales, que constatan la “sorprendente” diferencia de denuncias entre las fallecidas y las 63 heridas graves, pues este último grupo ha denunciado el 44,4% de los casos, “dato sorprendente por su difícil explicación”.

Otro de los aspectos sobre los que pone el acento la Fiscalía es la falta de denuncias por parte de terceros, pese a que en “muchas ocasiones” la víctima había acudido a pedir ayuda a su círculo más íntimo –amigos y familiares– y a profesionales sanitarios. Concretamente, sólo el 3,69% de las denuncias corresponde a terceros.

Sobre los medios empleados por los agresores para herir o dar muerte a las mujeres, la Fiscalía alerta de que la “brutalidad” va en aumento y que con frecuencia el número de heridas ocasionadas es superior a la necesaria para causar la muerte, porque “lo que buscan es infligir un daño intenso y profundo”.

VARIOS CASOS COMO EL DE JUANA RIVAS

La Fiscalía también recoge un problema que se ha manifestado este año en diversos supuestos y “en algún caso con mucha relevancia mediática” –en alusión al de Juana Rivas– como es la sustracción de menores por madres que son víctimas de violencia de género, una cuestión que, según precisa la Memoria, plantea “un delicado problema de no fácil solución al existir un Convenio europeo sobre la materia”.

Asimismo, llama la atención sobre el “incremento” de la violencia sobre personas especialmente vulnerables como personas con alguna enfermedad o trastorno mental o los mayores, que en su mayoría no quieren denunciar ni desean abandonar su domicilio.