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El director de Idescat alegó que cedió el censo utilizado en el 1-O en base a un convenio que nunca se publicó

Argumentó al juez que la aplicación de los acuerdos de colaboración se hace a partir de la firma y no de la publicación, que no da “validez”.

El director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Frederic Udina, explicó al juez que investiga los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre que cedió a la Generalitat el registro de la población catalana en base a un convenio que nunca se llegó a publicar. Asimismo, defendió que no traspasó la actualización de estos datos unos días antes del 1-O tras conocer la advertencia del Tribunal Constitucional (TC) y por las detenciones ordenadas por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que ya había abierto la presente causa.

Frederic Udina declaró el pasado 9 de octubre ante el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer como investigado por la comisión de los presuntos delitos por desobediencia, prevaricación, revelación de secretos. Según el audio de esta comparecencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el responsable de Idescat –organismo autónomo adscrito a Vicepresidencia, Economía y Hacienda– recordó que la Ley de Estadística de Cataluña prevé que los datos que gestiona el Instituto se cederán, no necesariamente con “fines estadísticos”, a las “administraciones que tengan derecho a usarlos” y estén “habilitados por ley” a utilizarlos.

En este sentido, negó haber facilitado el registro de la población catalana concretamente para el referéndum, sino que se hizo –afirmó– en el marco de un convenio firmado en febrero de 2017 con la Administración Abierta de Cataluña (AOC) para la participación en consultas no refrendarias.

“Se me informó de que se quería construir el registro de participación (…) pero entre mis competencias no entraba saber si se preveía o no, y con qué calendario, efectuar alguna consulta”, continuó Udina. En esta línea, apuntó que los datos padronales que remite el Instituto Nacional de Estadística (INE) –nombre, dirección, fecha de nacimiento, nacionalidad, entre otros– relativos a los ciudadanos catalanes se entregan cada tres meses y que la primera cesión se hizo en mayo de 2017.

No obstante, la siguiente que estaba prevista para el 19 de septiembre se quedó en suspenso debido a cómo “evolucionaron las cosas” y a la espera de saber si este acuerdo continuaba vigente. Con ello hacía referencia a que el secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda, Josep María Jové, entre otros, había sido detenido el 20 de septiembre, así como a las notificaciones del TC sobre la ilegalidad del referéndum. “Me pareció que la cautela más evidente era paralizar”, añadió.

DEFIENDE QUE LOS CONVENIOS SE PUEDEN APLICAR SIN SER PUBLICADOS

Ante esto, la fiscal dudó de la legalidad de este convenio, al igual que lo señalaron los investigadores en uno de sus informes, porque no se llegó a hacer oficial en el Diario Oficial de Cataluña ni se hizo público, hecho que fue rebatido por Udina: “Los convenios deben ser publicados no para tener validez, sino porque lo dice así la legislación”, defendió.

“Y es verdad que tardan mucho en ser publicados y se aplica a partir de la fecha de firma, nunca se espera a la publicación para aplicarlo”, prosiguió, al mismo tiempo que enfatizó que los servicios jurídicos del Instituto no le advirtieron de lo contrario.

La fiscal también se interesó por un archivo en formato word en el que el director de Idescat comunicaba al que fuera número dos de Oriol Junqueras sobre el trasvase de estos datos. Al respecto, Udina dijo que sería un “borrador” de la notificación que debía remitir a través de un “canal seguro” a Jové informando de que se habían entregado los datos en cuestión a Daniel Gimeno, jefe del Gabinete Técnico del departamento de Economía y Hacienda de Cataluña.

“YA LO SABE HASTA EL SUPREMO, JIJI”

Por otro lado, el juez Ramírez Sunyer centró una parte de su interrogatorio en el “cruce de correos” que tuvo el investigado con uno de sus subordinado el 3 de julio de 2017, en el que según el instructor, reconocía que “disponía de los datos para elaborar el censo del referéndum”. “No recuerdo o no sé, debía basarme en alguna noticia del periódico, no tenía constancia de esto”, contestó Udina.

Sin embargo, el juez le leyó algunas partes de estos e-mails en el que Udina ironizaba sobre las consecuencias de organizar una consulta al decir que “¡Ya lo sabe hasta el Supremo, jiji”. “¿Qué es lo que le hace tanta gracia?”, preguntó Ramírez Sunyer.

“Me refería a que fui a declarar como testigo en el juicio de (Francesc) Homs”, argumentó el jefe de Idescat, en referencia a la vista oral que celebró el alto tribunal el 27 de febrero del año pasado, de la que resultó condenado a un año y dos meses de inhabilitación por su participación en la convocatoria y desarrollo del 9N.