El acuerdo firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 incluye en uno de sus puntos la asunción por ambas partes de las propuestas que realice el consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal creado por el Ministerio de Justicia a finales del pasado mes de agosto.
Así consta en uno de los puntos del documento, que dice expresamente que «ambas partes se someten a las conclusiones y propuestas de la comisión de expertos ad hoc». Este compromiso se incluye en epígrafe 11 del documento suscrito por PSOE y Unidos Podemos, que incluye diversos acuerdos agrupados bajo el título dedicado a la ‘Calidad Democrática».
Antes de pasar a los puntos en los que se incluye la mención a la justicia universal, el documento recuerda que «durante los últimos años la ciudadanía ha visto como se producían innumerables retrocesos en derechos, lo que, unido a la crisis de representación de las instituciones y organizaciones tradicionales y la ausencia de una lucha contundente frente a la corrupción, ha llevado a la desafección y a la falta de confianza en la política como herramienta para articular soluciones a los problemas de la gente».
La comisión está integrada Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Groupe d’Action Judiciaire de la Federación Internacional de Derechos Humanos; Manuel Miguel Vergara Céspedes, profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional; Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH); y por el magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.
Este último es uno de los mayores expertos en esta materia, dada su dilatada experiencia en tribunales internacionales y actualmente se encuentra situación de ‘servicios especiales’ como magistrado del mecanismo residual ante los tribunales internacionales de Naciones Unidas en La Haya.
En dicho tribunal se revisa actualmente la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic. Por otra parte, fue miembro del tribunal que dictó la sentencia del caso Gürtel y a quien se atribuyen las frases más duras de la resolución, que dieron por demostrada la existencia de una caja ‘B’ en el PP y detonaron la moción de censura contra el expresidente Mariano Rajoy.
Los expertos aún no han hecho públicas sus conclusiones y propuestas. Según se explicó con ocasión de la creación de este grupo, deberán proponer una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) «que permita la recuperación de la jurisdicción universal de los tribunales españoles».
Se da la circunstancia, según ha publicado el diario ‘El Español’, que uno de los documentos preparados por este grupo de expertos ha sido ya contestado por la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha expresado serias reservas sobre los aspectos claves de la propuesta de Dolores Delgado.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso el pasado 11 de julio, la ministra Delgado ya avanzó que la recuperación de la jurisdicción universal es uno de los proyectos prioritarios del departamento en esta nueva etapa al estimar que es una herramienta «eficaz» en la defensa de las víctimas de crímenes contra la Humanidad.
La jurisdicción universal fue inicialmente limitada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y laminada en otra reforma posterior del PP. Con la comisión de expertos, Justicia abrió la entrada en ese proceso prelegislativo a expertos que colaboren en la reforma de la legislación vigente.