La ministra de Hacienda ve que cualquier formación que piense «en el interés de los ciudadanos» debe apoyar este proyecto presupuestario.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida de la capacidad de «consenso y diálogo» a demostrar en un próximo encuentro con el PNV a cuenta de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2019, toda vez que la formación nacionalista ya ha anunciado que su apoyo a los mismos no será «gratuito».
De hecho, Montero, en declaraciones a los periodistas en Sevilla, ha recordado que cuando los partidos se sientan a negociar deben tener la actitud de ir a las conversaciones en una posición de máximos, para luego ir «modulando» las actitudes, por lo que en principio ve «lógico» que el PNV acuda al llamamiento teniendo una lista de cuestiones «que consideran lo mejor para la defensa de los intereses que representan».
En este sentido, ha extrapolado este razonamiento a otras formaciones y peticiones nacionalistas, si bien ha señalado que el acuerdo al que se ha llegado entre PSOE y Unidos Podemos contiene medidas «muy importantes» para las comunidades autónomas, ejemplificando en una cantidad de 2.000 millones para Cataluña o en una cifra similar que, de manera adicional, se destinará para Andalucía en 2019.
Concretamente, para la comunidad andaluza, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio, se consignarán 730 millones más en entregas a cuenta; 350 millones más en inversiones; 400 más por la revisión del IVA; 200 por la revisión del cálculo en la compensación de impuestos, especialmente en el impuesto de depósitos bancarios; y 350 más por la flexibilización del objetivo de déficit.
En lo que respecta a las negociaciones con el PNV, la ministra ha expresado su convicción de que se encontrarán puntos de acuerdo con el partido vasco, «que siempre se ha comportado de forma responsable en este país», para avanzar en medidas que se contemplan en el paquete y que benefician a la totalidad de ciudadanos del País Vasco, «y me consta que así lo consideran», aun teniendo en cuenta que «quieran aportar su granito de arena y que su formación política salga fortalecida».
Se trata de un presupuesto «igualitario» que permitirá que las comunidades que han tenido mala financiación se puedan beneficiar, con más de 9.000 millones de euros que se ponen a disposición de las mismas con las dos décimas de déficit procuradas, entregas a cuenta o la corrección del IVA que quitó 2.500 millones a las regiones en la época del popular Cristóbal Montoro como ministro del ramo.
«Cualquiera que piense en el interés de los ciudadanos tiene que apoyar este presupuesto», ha resumido Montero, que sí ha querido dejar «cristalino» que la negociación con las distintas formaciones políticas se hará en términos de cuentas públicas y de «cómo se puede mejorar la calidad de vida de catalanes, andaluces y asturianos».
ESPERA EL ‘SÍ’ DE BRUSELAS
En paralelo a las negociaciones, el Gobierno elaboraba un cuadro macroeconómico para Bruselas, señalando la responsable de la Hacienda estatal de manera «contundente» que espera una respuesta afirmativa por parte de Europa, pues se manifiesta «contenta» de «cómo hemos logrado cuadrar el compromiso con los ciudadanos de respetar los compromisos de recuperación de derechos, activación o reconocimiento de nuevas prestaciones con las exigencias de los socios europeos».
El acuerdo de presupuestos es, para Montero, «una bocanada de aire fresco que traslada a la ciudadanía que otra forma de hacer política es posible», con un «magnífico acuerdo» que incluye aspectos como el incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros en 14 pagas, la revalorización del 3 por ciento de las pensiones mínimas y no contributivas y la instauración de pensión compensatoria en previsión de un comportamiento diferente del IPC o el fortalecimiento de los servicios públicos, incidiendo en la dependencia, «un pilar del Estado del Bienestar que el PP ha dejado caer y que han sostenido a pulmón las comunidades autónomas».
Sobre este último aspecto, la ministra se muestra convencida de que se dará «un paso de gigante». A su juicio, no es Andalucía –región en la que hasta hace poco ejercía como consejera del Gobierno de Susana Díaz– donde este problema acusa una especial dimensión, ya que el Ejecutivo autonómico «ha hecho una apuesta innegable por que la dependencia en tiempos de crisis no se disminuyera e incorporar un volumen importante de personas», si bien era injusto que la comunidad mantuviera sola este apartado. Ahora es «fundamental» que el Gobierno «cumpla con lo pactado» y vaya incorporando el 50 por ciento del coste para poder integrar a más personas y recortar las listas de espera.
La reversión paulatina del copago farmacéutico, medidas para jóvenes como el plan específico de empleo o la posibilidad de bajada de tasas en las universidades o cuestiones «revolucionarias» como los permisos de maternidad y paternidad equiparados o la universalidad de la escolarización de cero a tres años son otras de las iniciativas incluidas en los PGE.
«ACUSACIONES SIN FUNDAMENTO» DE LA DERECHA
Por último, Montero ha pedido al PP y a Ciudadanos que «cambien de actitud» y dejen de intentar «desgastar» al Ejecutivo con sus «falsedades» y sus «acusaciones sin fundamento», porque «no perjudican al Gobierno, sino a millones de personas que quieren que la política sirva para solucionar sus problemas».
Mientras el PP estaba «despistado» y centrado en los ataques personales, «la izquierda de este país estaba conformando un pacto para poner a los ciudadanos en el centro de sus preocupaciones: parece que al PP le molesta que los españoles recuperen derechos y no vela por los intereses de los ciudadanos», ha insistido.