PSOE y Podemos han acordado destinar 515 millones de euros más en 2019 para «mejorar» las cuantías del Sistema de Dependencia, lo que supone un «incremento del 40%» respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones, y 315 millones de euros para «recuperar» las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.
Así se desprende del ‘Acuerdo presupuestario PGE 2019’, firmado este jueves 11 de octubre en el palacio de La Moncloa por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.
En el epígrafe titulado ‘Dependencia: Dignificar la situación de las personas con dependencia y recuperar la cotización de las cuidadoras no profesionales’, el pacto entre ambas formaciones políticas concreta que para el ‘nivel mínimo’ se van a destinar 132 millones de euros más y para el ‘nivel acordado’ 383 millones más. De esta forma, calculan que el impacto presupuestario en 2019 asciende a 515 millones de euros.
La otra pata del acuerdo en materia de dependecia tiene que ver con la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, que en su mayoría son mujeres, y que el Gobierno anterior eximió al Estado de pagar estas cuotas. De esta forma, quieren recuperar el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, con una inversión de 315 millones de euros, para que se beneficien 180.000 personas.
Por último, han acordado que se derogarán los artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, «para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en España».
LOS DIRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES PIDEN 200 MILLONES MÁS
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la Administración General del Estado debe incrementar su aportación en 715 millones de euros en 2019, 200 millones más que los acordados entre PSOE y Podemos. Así, se pasaría de 1.307,9 millones de 2018 a 2.023,1 en 2019, lo que supone un incremento del 54,7% para el total presupuestado en el nivel mínimo garantizado.
A juicio de esta organización, esto permitiría atender en 2019 al menos al 92% de personas con grados III y II (102.000) que todavía no tienen asignado el programa individual de atención (PIA) y admitir un 8% de personas en espera (8.000) en gestión de PIA y/o expedientes que han de ser depurados.
Para ello, los directores y gerentes toman como base del cálculo el coste público de atención –coste neto de atenciones– promedio de 2012, cuando se atendía básicamente a los grados III y II, que ascendía a 7.029 euros, «sin tener en cuenta la inflación y otras variables».