La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales consideran que «hay que repensar» el sistema de protección que los migrantes menores de edad no acompañados en España necesitan. A su juicio, el modelo idóneo «no es el que está establecido de manera normalizada en las comunidades autónomas».
Para la asociación, estos menores solos «ponen a prueba la cohesión territorial, la política migratoria y el sistema de protección social en España». Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se repartirán 38 millones de euros a los territorios para mejorar la atención de los más de 11.000 menores extranjeros no acompañados (MENAS) que hay en España.
«Hay que establecer mecanismos específicos para atención a los migrantes menores de edad no acompañados, que no saturen ni perjudiquen la intervención en los actuales dispositivos de protección de menores que tienen las comunidades», han defendido los directores y gerentes de Servicios Sociales.
«DESALENTADORA» RESPUESTA DE LAS CCAA
Según han recalcado, el número de menores migrantes solos «se ha incrementado de manera notable en los últimos meses y ha desbordado la capacidad de atención en las comunidades más afectadas», especialmente en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cataluña y Valencia.
«A la hora de reclamar la solidaridad del resto de comunidades, la respuesta no ha podido ser más desalentadora», han dicho desde la asociación, que ha destacado que «entre todas» ni siquiera se ha alcanzado la cifra de 200 plazas ofrecidas. «Lo más indignante es que hay comunidades que no han ofrecido ni una sola plaza», ha subrayado.
Además, ha lamentado la «la pírrica cantidad» de 40 millones de euros que ha puetso sobre la mesa el Gobierno Central como subvención. Asimismo, ha apuntado que corresponde al Gobierno de España adoptar las medidas necesarias para acometer la situación de estos menores «con perspectiva de Estado y en cumplimiento de los más elementales Derechos Humanos», sin limitarse a una «mera coordinación».
«Esta responsabilidad del Gobierno conlleva el compromiso de asumir el coste de la atención de estos menores, y eso no se puede resolver con subvenciones a las Comunidades Autónomas, sino con una Política global y, en su caso, con una partida específica en los PGE que, en su caso, pudiera transferirse para su gestión por parte de las CCAA», sostienen desde la asociación.
MEDIDAS PARA EVITAR EL ÉXODO DE LOS MENORES
Por otro lado, ve «imprescindible» desarrollar «una acción exterior efectiva» de la diplomacia con Marruecos para «analizar la situación que se está generando y para poner medidas en origen que eviten este éxodo de jóvenes menores de edad no acompañados».
También ha lamentado «la falta de documentos fehacientes para acreditar la identidad» de los menores solos que «hace que su edad se tenga que estimar con pruebas forenses que reconocen un margen de error de 2 años; es decir, que una persona cuya edad real sea 17 años bien puede ser calificado de menor con 15, y prolongar su protección hasta los 20 años, y también ocurrir que un menor con 16 años, pueda ser calificado de mayor de edad, con 18.
«En todo caso, se trata de personas jóvenes que han tenido la capacidad de asumir un viaje arriesgado por su propia cuenta, a un país distinto al suyo», ha manifestado, insistiendo en que si se trata de menores «necesitan y tienen derecho a una protección efectiva»
Por último, ve «muy necesario» que tanto la Fiscalía como Policía Nacional y las propias Comunidades Autónomas «cumplan con rigor» con el registro de menores migrantes no acompañados establecido en 2014 ya que, según sostiene, «hay evidencias de que los datos que se manejan a nivel oficial no responden a la realidad».