El día 15 como muy tarde remitirá su informe al Gobierno, que ve posible tramitar el cambio en dos meses.
El Consejo de Estado discutirá este martes un borrador de reforma limitada de la Constitución para acotar el aforamiento de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, en cumplimiento del encargo que le hizo el Ejecutivo a su órgano supremo de consulta.
El Pleno del Consejo de Estado se ha convocado a las 11.30 horas de este martes, han informado a Europa Press fuentes de la institución. A la reunión podrá asistir la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría, recién incorporada al organismo tras su abandono de la política.
La ‘exnúmero dos’ del Ejecutivo de Mariano Rajoy tomó posesión el jueves pasado como consejera electiva del Consejo de Estado, puesto por el que cobrará no más de 18.000 euros al año en función de sus asistencias a los Plenos y a otras actividades a las que acuda en representación del organismo.
En la reunión del martes, el Pleno del Consejo de Estado discutirá a puerta cerrada el borrador de propuesta en el que han trabajado las últimas semanas, bajo la dirección de la presidenta de la institución, María Teresa Fernández de la Vega, los ochos miembros de la comisión de estudios a la que le compete elaborar las propuestas legislativas o de reforma de la Constitución que le pueda encargar el Gobierno.
Hasta el año 2004, el Consejo de Estado se limitaba a emitir dictámenes a petición del Gobierno, algunos de ellos preceptivos, aunque no vinculantes. Pero nada más llegar al poder, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la ley para que el supremo órgano consultivo del Ejecutivo también pudiera elaborar propuestas legislativas o de reforma constitucional a petición del Ejecutivo.
El Gobierno de Zapatero recurrió a esta fórmula hasta en ocho ocasiones, mientras que Rajoy no encomendó al Consejo de Estado el estudio o preparación de propuesta legislativa alguna. Ahora Sánchez, con su encargo sobre los aforamientos, ha reactivado la comisión de estudios del organismo, en desuso desde 2011.
El grupo reducido que ha trabajado en la propuesta, bajo la batuta de Fernández de la Vega, lo componen Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, Consuelo Castro, Yolanda Gómez, Manuel José Silva y Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona.
El martes, la propuesta que han preparado para acotar los aforamientos se discutirá por el Pleno del Consejo de Estado, del que forman parte, entre otros, la fiscal general del Estado, María Jesús Segarra y la abogada general del Estado, Consuelo Castro.
POSIBLES ENMIENDAS
Los miembros del Pleno pueden plantear enmiendas al texto si lo consideran oportuno, por lo que no es seguro que la propuesta se apruebe ese mismo día y quizás habría que convocar un nuevo Pleno para dar el visto bueno a un borrador definitivo.
En cualquier caso, la intención del Consejo de Estado es enviar el informe al Gobierno con la propuesta para reformar los aforamientos como muy tarde el día 15, cuando termina el plazo que concedió el Ejecutivo, con una pequeña prórroga ya incluida.
La propuesta indicará en qué sentido se pueden modificar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, que son los que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores, consistente en que el tribunal competente para investigarles es el Tribunal Supremo.
DELITOS DE CORRUPCIÓN, EXCLUIDOS DEL FUERO
El Gobierno tan sólo le ha indicado al Consejo de Estado que su voluntad es la de restringir el aforamiento al «estricto ejercicio» de sus funciones como cargo público, excluyendo aquellos delitos asociados con la corrupción. Pretende el Ejecutivo con este cambio terminar con la sensación imperante entre la ciudadanía de que el fuero de ministros y parlamentarios supone un privilegio.
Pero esta idea de fácil formulación verbal no es tan sencilla de materializar en el plano jurídico, pues podría requerir especificar uno a uno los delitos que no estarían cubiertos por el aforamiento, lo que no corresponde precisar en la Constitución con ese grado de detalle.
El Consejo de Estado sí podría sugerir en su informe qué leyes y en qué sentido convendría modificar para que se adecuaran a la nueva redacción de la Constitución e indicar si otros aforados del Estado como los parlamentarios autonómicos –protegidos en sus respectivos Estatutos de Autonomía– deberían adoptar la misma línea que fije la reforma.
En España hay actualmente casi 250.000 aforados, de los que algo más de 232.000 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales o autonómicos, cinco de la Familia Real y el resto –17.603– pertenecen a instituciones del Estado y de las Comunidades Autónomas (políticos, miembros de las Carreras Judicial y Fiscal, integrantes de órganos como el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado, Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, etc).
Una vez que el Gobierno remita a las Cortes su propuesta de reforma limitada de la Constitución para acotar los aforamientos, ve posible tramitar este cambio en tan sólo 60 días. El Ejecutivo, además, ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida –y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención– es obligado proceder a esa consulta.