La Fiscalía ha pedido a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la devolución del ‘caso grúas’ al Juzgado Número 2 de La Laguna, que instruye la causa que afecta a la gestión del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuando era alcalde.
En el informe sobre competencia, emitido este jueves, la Fiscalía sostiene que la sala «no es competente», dado que tras la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía el pasado martes, Clavijo pierde la condición de aforado, de la que gozaba como presidente del Gobierno regional y diputado autonómico.
Según la Fiscalía, que se basa en doctrina del Tribunal Supremo, «la pérdida de la condición de aforado previa a la apertura del juicio oral supone el desplazamiento de la competencia a la jurisdicción ordinaria origen de todos los supuestos».
Además, reconoce que la pérdida de aforamiento derivada de la aprobación del Estatuto es un hecho «históricamente novedoso», y justifica el tiempo de elaboración del informe –fue solicitado por la juez de instrucción a finales de agosto– en la «complejidad» del caso y la «extensa» documentación.
La Fiscalía, que no entra en el fondo del ‘caso grúas’, sí establece un matiz –‘perpetuatio jurisdiccionis– que permitiría continuar con la instrucción en el TSJC en caso de un aforado, pero siempre que el auto de juicio oral ya se hubiera dictado, hecho que aún no se ha producido.
A Clavijo se le investiga en el juzgado lagunero por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos relacionados con la retirada del servicio de grúas del municipio en la pasada Legislatura, posición también defendida en julio por la propia Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.