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Jueces y Fiscales mantienen la huelga del 19 de noviembre ante las “promesas y largas” del Ministerio de Justicia

Las asociaciones de jueces y fiscales han anunciado este martes que mantienen la convocatoria de huelga general de su sector prevista para el próximo 19 de noviembre porque el Ministerio de Justicia, “pese a lo que se transmite en las notas de prensa oficiales”, no les ha ofrecido “nada concreto” en las reuniones mantenidas. “Todo son promesas y largas”, aseguran.

Se trata de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), y las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI). La única gran organización sectorial que no firma estas afirmaciones es la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía como fiscal la ministra Dolores Delgado.

Según afirman, en las reuniones mantenidas con su departamento los pasados 27 de septiembre, 8 de noviembre y 12 de noviembre para abordar las reivindicaciones del sector que les han llevado a plantear esta segunda convocatoria de huelga, no se les ha ofrecido “nada concreto” de aquello que vienen reclamando “desde hace casi dos años”.

“Los partidos en el gobierno y en la oposición parece que únicamente alcanzan acuerdos pacíficos y sólidos en lo que al control del Poder Judicial se refiere, desplazando a los miembros de la Carrera Judicial de la elección de 12 de los 20 vocales de extracción judicial”, denuncian las asociaciones.

Consideran que “para mejorar la Justicia”, devolver a sus profesionales “el nivel salarial de antes de la crisis, crear órganos judiciales, modernizar y dotar los medios materiales” necesarios o “incrementar la autonomía” del Ministerio Fiscal, “nunca hay dinero ni interés”.

“La situación crítica que atraviesa la Justicia -anticuada, obsoleta, insuficiente, lenta- es salvada únicamente por el esfuerzo diario de quienes trabajamos en Justicia”, dicen las organizaciones, que inciden en que la “responsabilidad personal” de los operadores jurídicos hizo posible que en 2017 se resolvieran “pese a todo”, 5.478.410 asuntos en 2017. “Todo ello, en un ambiente de desafección de la Carreras Judicial con sus representantes y ante una crisis de imagen de la Justicia sin precedentes”, añaden.