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Podemos pide medidas contra los controles policiales racistas e Interior recuerda que España tiene normas que los evitan

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Podemos ha reclamado este miércoles al Gobierno, durante el Pleno del Congreso, medidas para “poner fin” a los controles policiales basados en perfiles raciales que, a su juicio, discriminan a una parte de la población. Desde Interior, han explicado que España ya tiene medidas normativas que impiden estas prácticas.

Ha sido la diputada Rita Bosaho quien ha cuestionado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre esta cuestión y, en concreto, sobre la intención del Ejecutivo socialista de implementar las recomendaciones que, sobre esta materia, ha realizado la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Bosaho ha recordado que, el pasado 25 de septiembre, la ONU presentó un estudio sobre la situación en España en esta materia en donde, entre otros datos, se señalaba que una persona negra en el país corre el riesgo de ser señalado hasta 42 veces más que un blanco en puertos y transportes públicos. En este sentido, ha recordado un suceso producido en la estación de Atocha de Madrid, donde dos vigilantes de seguridad se “extralimitaron” con un pasajero negro.

“La discriminación racial está presente en todos los órdenes de la sociedad civil española: en el trabajo, en la sanidad, en los servicios sociales, etcétera”, ha declarado la representante ‘morada’.

“Estamos preocupados por un tema tan importante”, ha respondido Grande-Marlaska, que en su intervención también ha señalado que está “completamente de acuerdo” con la situación expuesta por Bosaho. Sin embargo, ha apuntado que existen “parámetros normativos” en España para evitar esta discriminación: en la Constitución, en el convenio de 1969 de la ONU sobre esta materia, en la Ley de fuerzas y cuerpos de seguridad y hasta en “la denostada ‘Ley Mordaza’.

Además, ha recordado que el Ejecutivo socialista ha puesto en marcha, desde el pasado 31 de octubre, un Plan de acción contra delitos de odio que incluye “elementos de formación” para los agentes de seguridad, “cooperación estrecha” con la ONG y “protección a las víctimas más vulnerables”. “Puede haber disfunciones, pero es preocupación de Interior de dar cobertura a los derechos y libertades del conjunto de ciudadanos, sean de donde sean”, ha concluido el ministro.