El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto ley de medidas urgentes y de «absoluta necesidad» en materia de vivienda y alquiler, con el fin de paliar la «difícil» situación que se da en el mercado y más específicamente en las grandes ciudades, aunque no prevé introducir medidas para intervenir los precios del mercado, algo que había acordado con Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario.
Según ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, estas dificultades en las condiciones para acceder a la vivienda «precarizan» la posibilidad de mantener un horizonte de vida, lo que supone un «drama» para las familias, algo con lo que este paquete de medidas intenta evitar.
Este real decreto modifica cinco leyes: la de Ley de Arrendamientos Urbanos, la de Propiedad Horizontal, la de Enjuiciamiento Civil, el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En concreto, aborda cuestiones como una ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos desde los 3 a los 5 años –o hasta 7 años si el arrendador es persona jurídica– y la tácita de 1 a 3 años, así como limitar a dos mensualidades la fianza a exigir, que sea el arrendador quien se haga cargo de los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato o la eliminación de la obligación de repercutir el IBI al inquilino en el alquiler social.
No obstante, el ministro ha descartado que este decreto incluya medidas encaminadas a intervenir los precios del alquiler, tal y como había acordado con Unidos Podemos en el acuerdo presupuestario, aunque no ha descartado que en el marco de las negociaciones para los Presupuestos del próximo año se puedan incluir.