Otorga a la operadora el monopolio en Cercanías y Regionales para otros quince años.
El Consejo de Ministros de este viernes aprueba el contrato-programa entre el Estado y Renfe, el documento que permitirá a la compañía ferroviaria abordar el ‘macroplan’ de compra de trenes de unos 3.000 millones de euros que tiene preparado desde hace más de un año, según informaron en fuentes del Ministerio de Fomento.
Este Departamento firmará posteriormente la próxima semana con Renfe este contrato-programa, que tendrá una vigencia de diez años prorrogables por otros cinco, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.
Renfe estaba pendiente de formalizar este documento que regula su relación con el Estado para explotar los trenes considerados de servicios público, los de Cercanías y Media Distancia, para abordar su inversión en nuevos trenes.
Se trata del ‘contrato’ por el que el Estado encomienda a la operadora prestar este tipo de servicios ferroviarios a cambio de abonarle una subvención de unos 1.000 millones de euros anuales.
Los trenes que Renfe pone en circulación al amparo de este documento son en su amplia mayoría servicios sin rentabilidad económica, pero que se mantienen por su rentabilidad social, dado que garantizan ciertas conexiones, la movilidad de los ciudadanos y la vertebración territorial.
Una vez se firme este documento, la compañía ferroviaria prevé lanzar ya el próximo mes de enero el primer contrato de compra de trenes, que será de vehículos de vía estrecha, y posteriormente todos los demás en cascada. Fomento prevé que en marzo o abril todos los procesos de compra estén en marcha.
El ‘macroplan’ de inversión en material rodante se centrará precisamente en comprar nuevos trenes para Cercanías y Media Distancia, aunque no se descarta invertir en nuevos AVE y en trenes de mercancías.
QUINCE AÑOS MÁS DE MONOPOLIO.
La firma del contrato-programa, además de dar vía libre a este plan inversor en trenes, supone para Renfe garantizarse el monopolio en la explotación de los servicios de Cercanías y Regionales al menos durante quince años más, y a pesar de la apertura a la competencia del transporte de viajeros programada para 2020.
En esa fecha, la operadora pública sólo tendrá que empezar en 2020 a afrontar la competencia de operadores privados en el negocio del AVE y la Larga Distancia.
El Gobierno puede seguir manteniendo los servicios ferroviarios públicos en régimen de monopolio porque la normativa europea sobre liberalización establece para ellos un periodo de transición en el que pueden continuar en manos de los operadores «incumbentes o dominantes» de cada Estado, esto es, de los que los gestionan actualmente.
En concreto, esta norma comunitaria permite a los Estados seguir encomendando estos servicios al operador público directamente y sin competencia hasta el año 2024.
A partir de ese año, los países ya no pueden adjudicar directamente estos tráficos, pero sí podrá seguir con su explotación la empresa dominante que ya los tuviera encomendados en esa fecha.
Los trenes de Cercanías y los de Media Distancia (regionales) son los que más viajeros transportan. En concreto, los primeros contabilizaron 423,65 millones de viajeros el pasado año, un 3,6% más, y los regionales otros 23,3 millones (+1,5%), frente a los 21,10 millones de pasajeros que viajaron en el AVE y los 11,7 millones de Larga Distancia.