Sanidad pretende implantar en 2019 un nuevo servicio de «teleasistencia avanzada» para las personas dependientes.
El Gobierno prevé un gasto para la atención de las personas en situación de dependencia de un total de 2.228 millones de euros, un 59,5% más que el año anterior (831 millones más), según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE), presentado este lunes 14 de enero en el Congreso de los Diputados.
Por un lado, el Ejecutivo pretende aumentar un 31,7% el ‘nivel mínimo’ –el que garantiza la Administración General del Estado a las personas dependientes– hasta los 1.723 millones de euros, es decir, 415 millones más que en el ejercicio anterior.
Según explica el Ejecutivo, esta partida tiene como objetivo atender, por un lado, a un mayor número de beneficiarios para reducir la lista de espera. Según los últimos datos oficiales, con fecha del 30 de noviembre, recogidos por Europa Press, el número de personas con derecho a una prestación que continúan sin percibirla asciende a 254.524.
NUEVA PRESTACIÓN
Con partida de 415 millones, el Gobierno quiere emplearla también para la financiación de una «nueva prestación de teleasistencia avanzada» –supervisión remota de la vida de los usuarios con la ayuda de las nuevas tecnologías–, que el Ministerio de Sanidad y Política Social pretende incorporar al catálogo de prestaciones de la ley.
Asimismo, en 2019 y dentro del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Gobierno de Pedro Sánchez apunta que en sus previsiones se «recupera» la financiación por el presupuesto del Estado tanto para el ‘nivel convenido’ con las comunidades autónomas dotándose 100 millones de euros.
El Ejecutivo también retoma el abono por la Administración General del Estado de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, que el Gobierno del PP eliminó, con una partida de 315 millones de euros. Con esta medida pretende beneficiar a 180.000 personas.
REACCIONES DE MAYORES Y DIRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES
Para la Asociación de Directoras y Geretes de Servicios Sociales, con este presupuesto se cumple el primer punto del acuerdo del ‘Pacto de Estado de la Dependencia’, firmado por la mayoría de las fuerzas políticas e indica que este aumento implica atender a 80.000 ‘grandes dependientes’ y ‘dependientes severos’ de los 100.000 que actualmente se encuentran desatendidos y generar 18.500 empleos directos.
Esta organización también advierte de que los incrementos presupuestarios de la Administración central deberían ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera empezando por los grados más elevados: «financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura».
En la misma línea, la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) y secretaria de la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), Paca Tricio, también ha destacado que se trata de «una cantidad muy importante».
«Hacía mucha falta porque una ley sin dotación no sirve para nada. Ojalá los partidos políticos se pongan de acuerdo porque esto es solidario con todos los ciudadanos», ha indicado Tricio, que también ha destacado la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores y el hecho de que se haya eliminado en el proyecto la palabra ‘informal’ a la hora de referirse a los cuidadores.
Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Ángel Quesada, también ha destacado este incremento en materia de depedencia, pero también ha abogado por promover la autonomía personal «por todos los medios posibles», ya que es la otra pata de la Ley de Dependencia menos desarrollada.