Sería en torno al 5 de febrero, porque los socialistas no consideran urgente la presencia de la ministra en sede parlamentaria.
El PSOE se ha mostrado, este lunes, dispuesto a que la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, comparezca en el Congreso para informar sobre la reforma de las prácticas universitarias que el Gobierno aprobó el pasado diciembre en un decreto ley –tal y como ha solicitado el PP–, así como para que informe del contenido de la ley educativa en la que está trabajando su departamento –como reclama Unidos Podemos–.
Los socialistas señalan, sin embargo, que estas explicaciones no son urgentes y han propuesto como «fecha orientativa» el 5 de febrero para que la ministra acuda a la Cámara.
El PP ha reclamado la comparecencia inmediata de Celaá, junto con el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, para explicar la reforma acometida por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sobre las prácticas formativas, una decisión que, según ha denunciado la portavoz ‘popular’ de Educación, Sandra Moneo, no ha contado con las universidades y que puede generar «un gran problema» a los estudiantes.
Esta medida está incluida en un decreto ley del Ejecutivo, convalidado la semana pasada en el Congreso, en el que se incluye una disposición adicional sobre este tema. El texto del Gobierno deja abierta la posibilidad a que sean las universidades quienes se ocupen de la cotización de los becarios pero, tras las protestas de los rectores, los de Sánchez acordaron desarrollar un reglamento que lo impidiera.
¿QUIÉN VA A PAGAR LA COTIZACIÓN DE LOS BECARIOS?
«Si las universidades no van a correr con estos gastos, quién lo va a hacer», se ha preguntado Moneo, quien ha mostrado sus sospechas de que este cambio sea un «pago adelantado» a Podemos como «socios de Gobierno», pues, según ha recordado, los ‘morados’ tienen una proposición de ley en trámite sobre este tema.
Para Ciudadanos, esta iniciativa es una «chapuza marca de la casa» de este Gobierno y ha criticado que el decreto ley se haya aprobado sin reuniones con los colectivos afectados. La portavoz ‘naranja’ en este debate, Marta Rivera de la Cruz, cree necesaria la comparecencia de la ministra porque, según ha apuntado, durante la convalidación del texto no se expusieron datos importantes, como el número de estudiantes afectados o la cuantía que se recaudará. «Todo está calculado a ojo», ha criticado.
También ha mostrado su preocupación por esta medida PNV y PDeCAT. Los vascos también reclaman más cifras al Gobierno sobre esta norma, aunque señalan que las explicaciones de Celaá no son de urgencia, al menos, no para tener que comparecer esta semana.
Desde la formación catalana quieren que la titular de Educación explique los «problemas» que, a su juicio, se han producido en «la forma en la que se ha tomado la medida» por parte del Ejecutivo. Para PDeCAT, este tema no debe pasar por alto en un país que es «líder en desempleo» juvenil y que tiene en las primeras oportunidades de trabajo una política «fundamental».
UNA LEY QUE DEFIENDA LA ESCUELA PÚBLICA
En cuanto a la propuesta de Unidos Podemos sobre la nueva ley de Educación, portavoz de los ‘morados’ en este debate, Ione Belarra, ha explicado que su petición de comparecencia llega con el deseo de derogar la LOMCE, una ley que ha definido como «ideológica» y «elitista», pero también por la necesidad de una nueva norma que ponga a España en «la vanguardia de Europa», que defienda la escuela pública, con financiación suficiente y con mejoras en el currículum de los alumnos, entre otras propuestas.
«Son inasequibles al desaliento», ha declarado Moneo, sobre las intenciones de Podemos de derogar la LOMCE, para indicar que el modelo que proponen los de Pablo Iglesias «choca» con la Constitución, porque «recorta las libertades educativas» con un modelo «único, de escuela pública y laica». «Limita la libertad de enseñanza, de elección de las familias, de creación de centro y de cátedra», ha apuntado.
Unidos Podemos sí ha contado con el apoyo EH Bildu, que ha señalado que dará su voto a favor a cualquier propuesta que busque «terminar con los efecto de la LOMCE», así como el de Unión del Pueblo Navarro (UPN), cuyo portavoz, Iñigo Alli, ve necesarias las explicaciones de Celaá sobre los temas puestos sobre la mesa en esta sesión y, especialmente, sobre la intención del Gobierno de eliminar los centros de educación especial.
Desde Ciudadanos, han indicado que esta ley debería haber salido del Pacto Educativo en el que se estaba trabajando en el Congreso y considera que el departamento de Celaá está haciendo un nuevo texto de «aquella manera», es decir, «sin escuchar a nadie», ni siquiera a los expertos que llamó el PSOE a consulta para el Pacto.
Estas críticas han sido desmentidas por la portavoz de Educación socialista, Luz Martínez Seijo, quien ha explicado que se han recogido hasta 46.000 aportaciones y se ha recabado el consenso del Consejo Escolar y de un centenar de colectivos para elaborar la ley.